La Ley de Bienestar Animal sacará 100.000 personas de la clandestinidad

Belén ha organizado el trabajo y la familia para poder escaparse de casa a horas intempestivas. El peso de las bolsas le molesta menos que la incertidumbre. No saber nunca cómo los encontrará o si será descubierta, muchas veces, le quita el sueño. Aunque trate de ser muy sigilosa ellos siempre se anticipan. Decenas de pares de ojos la miran desde distintas distancias. Permanecían agazapados sabiendo que ella jamás falta a su cita. Dispone la comida húmeda y los gatos más atrevidos se abalanzan. En unos minutos Belén recuperará las bandejas para no dejar rastro. Algún minino prefiere un saludo cercano a la comida. Parece dar las gracias. Otros siguen sin fiarse, hacen bien: no confiar en los humanos les hace menos vulnerables. Belén cambia los comederos de ayer por unos limpios y desinfectados, los colma de pienso y los esconde. Hace lo propio con los recipientes para el agua. Retira colillas, algún plástico, una lata de refresco y otros restos que los incívicos insisten en abandonar en aquel rincón discreto. Siempre alerta, por ellos y por ella misma. La noche la protege y a la vez le complica mucho la existencia. Lo que hace es bueno para todos pero hasta ahora, estaba fuera de la ley.

Según un estudio, hay unas 100.000 las personas en toda España que cuidan de manera regular de los gatos que viven en las calles. Para muchas de estas personas, su actividad será legal a partir de la entrada en vigor de la ley de bases de derechos de los animales 7/2023 del 28 de marzo. Los ayuntamientos deberán extender unas acreditaciones a los colaboradores en la atención de los gatos comunitarios. Formar parte del programa local de gestión ética felina garantizará unos derechos largamente reivindicados. La clandestinidad era una consecuencia lógica a las amenazas evidentes, y no tan evidentes, que sufrían las gateras y los gatos de los que se ocupan. Al miedo a recibir una sanción se unía el miedo al boicot y las recriminaciones vecinales. Algunas gateras denuncian haber sido agredidas verbal, e incluso físicamente, por alimentar a los gatos, pero también por capturarlos para llevarlos al veterinario.

En un encuentro reciente desde la Laguna, la responsable de una colonia en Tenerife, manifestaba que cada colonia contaba con boicoteadores y saboteadores. Los boicoteadores destrozan los refugios, los comederos y los enseres para los gatos y los saboteadores hacen lo mismo con las jaulas que permiten desarrollar el método de captura, esterilización y retorno, conocido por las siglas CER. También las colonias son víctimas de delitos tipificados en el código penal. El envenenamiento es la agresión más frecuente pero también hay muchas denuncias por heridas y muerte por disparos.

Todo el sexto capítulo de la nueva ley de protección animal está dedicado a las colonias de gatos. El primer artículo de dicho capítulo dice que la administración local deberá esterilizar a todos los gatos de la calle y microchiparlos a su nombre. Esto solo va a poder ser posible gracias a la colaboración de las gateras – nueve de cada diez son mujeres – y a acuerdos con profesionales de la veterinaria. La gestión de colonias estará sujeta a derechos y obligaciones que quedarán claros en los programas de formación para toda estas personas que antes estaba expuesta a una multa o a una agresión.

La acreditación de personas como Belén significa poder divulgar en público y a la luz del día su objetivo y las buenas prácticas a las que debe ceñirse su labor. En los municipios en los que ya se desarrollaba la gestión ética de colonias, las entidades han explicado en prensa local, en radio, en centros cívicos y a los líderes vecinales qué se hace y por qué se hace. Los opositores se convierten en colaboradores cuando las portavoces de los programas de gestión explican bien que sus esfuerzos contribuyen a disminuir progresivamente el número de gatos en la calles, y que cuidar in situ de los gatos es velar por la salud de todos.

La información implica la reducción de los ataques que sufren las colonias de gatos. Los agentes de la autoridad se convierten en aliados del bienestar felino. Los policías, sobre todo los locales, serán garantes del cumplimiento del artículo 41 de la ley de protección de derechos de los animales que obliga a los ciudadanos a respetar la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios que las componen. Las instalaciones de comida, y refugio propio del programa de gestión de gatos comunitarios también deben ser respetados. Acaba el artículo recordando que las personas titulares o responsables de perros deberán adoptar las medidas para evitar que la presencia de estos pueda alterar o poner en riesgo la integridad de las colonias.

Aunque muchas comunidades autónomas reconocen a las colonias felinas en sus leyes de protección animal, el panorama, hasta la aprobación de la ley nacional, era muy heterogéneo y confuso. Asturias, Murcia, La Rioja, Madrid, Navarra, Castilla la Mancha y más recientemente Euskadi y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, incorporan la necesidad de gestionar y proteger las poblaciones de gatos. Pero ni todas las normas recogen con precisión la metodología a emplear, ni todas se han trasladado a unas ordenanzas municipales. No era raro que algunos medios de comunicación, y sobre todo las redes sociales, se hicieran eco de que un ayuntamiento había impuesto una multa a una vecina por alimentar a los gatos. Tampoco faltaban los conflictos con policías locales que disuaden de prácticas que muchas veces no eran higiénicas.

La declaración del estado de alarma y el confinamiento obligatorio durante algunos meses de 2020 por la pandemia de la COVID-19 significó un punto de inflexión para el colectivo gatero. Uno de los Decretos del entonces ministro de sanidad, Salvador Illa ya indicaba la aportación que hacen las cuidadoras de colonias a la salud pública y, por tanto, debidamente acreditadas, podían desplazarse con comida y agua a atender a los gatos que tanto las necesitan. En algunos municipios la ausencia de vecinos circulando permitió capturar y esterilizar cómodamente, sosteniendo la economía de las clínicas veterinarias convenidas.

Según personas expertas en gatos, en veterinaria, de pequeños animales y juristas, la norma impulsada desde la Dirección General de Derechos de los Animales, y que entrará en vigor a finales de septiembre, es especialmente oportuna para con los gatos de la calle. Los cinco artículos dedicados a las colonias felinas dejan muy claro que el objetivo es reducir de manera ética el número de gatos comunitarios. Los gatos comunitarios – tal y como se explica en el glosario de la propia ley- son aquellos que son libres, que han nacido en el territorio en el que se encuentran y que tienen un grado de sociabilidad insuficiente como para tolerar el confinamiento o el traslado.

Muchos gatos que viven en la calle no pueden vivir en un lugar distinto, otra cosa son los gatos caseros abandonados o extraviados a los que hay que sacar de la calle para devolverlos a su familia o hay que encontrarles una nueva familia. La ley pone un acento especial en la tenencia responsable y por ello obliga a la esterilización y a la identificación de todos los gatos. Una ley que legitima el procedimiento de reducción ética de camadas permite contabilizar, planificar, divulgar buenas prácticas y proteger a los gatos comunitarios. No solo la ley promueve la reducción ética de los gatos de la calle y la tenencia responsable con obligaciones, también incorpora una línea de subvenciones para los ayuntamientos que está generando mucho interés.

Emma Infante