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“Los cazadores entran en mis tierras sin ningún tipo de autorización ni permiso”

Animalados ha hablado con una persona de la comarca del Ripollés, en Catalunya, que ha sufrido de manera reiterada ataques y abusos por parte del colectivo de la caza. A pesar de comunicar estos conflictos a las autoridades, la persona afectada continua sin encontrar una solución y quiere compartir a través de este medio de comunicación la libertad de actuación e impunidad total que tienen los cazadores en su territorio.

La víctima de estos episodios, que ha pedido conservar su identidad ante posibles represalias, proviene de una familia de campesinos de un municipio de la comarca catalana del Ripollés. Esta persona pertenece a una familia ecologista y animalista, realidad que considera que “nunca han entendido los vecinos y motivo por el cual desde siempre han tenido muchos problemas con los cazadores de su municipio”.

El municipio en el que vive y tiene sus tierras la persona afectada es uno de los más grandes de Cataluña en extensión territorial y es prácticamente 100% de propiedad privada. Por tanto, la posibilidad de cazar dentro de estas tierras depende de la decisión particular de los propietarios de estas. La víctima, que tiene ganado diverso en sus terrenos, siempre se ha mostrado absolutamente en contra de que el grupo de cazadores de la zona pueda acceder a realizar la actividad cinegética en su propiedad, quedando así prohibida.

A pesar de tener vetado el acceso, esta persona declara que desde siempre ha tenido conflictos graves con los cazadores de su municipio con “entradas sin permiso en sus tierras, persecución al ganado con la consecuente pérdida y muerte de alguna cabeza de ganado, faltas de respeto a su persona, amenazas, etc.”. Episodios que ha compartido con los Mossos d’Esquadra y con los Agentes Rurales y que, sin embargo, según indica, nunca han tenido una respuesta sancionadora o solución por parte de las autoridades.

La persona afectada comparte también que el ayuntamiento de su municipio está al día de estos lamentables episodios que ha tenido que vivir. Sin embargo, asegura que el consistorio “nunca se ha querido implicar en este tema, alegando que es una cuestión privada”. Una vez más, las autoridades han preferido lavarse las manos y hacer oídos sordos ante una realidad que parece que no les interesa.

La caza en coto privado, como ya hemos dicho, depende de la autorización de los propietarios para poder acceder a sus tierras. La víctima asegura que ni su persona ni sus antepasados “nunca firmaron ningún documento concediendo el beneplácito de efectuar la caza dentro de su propiedad. Ni siquiera con un trato de palabra”, una fórmula de acuerdo usada antiguamente y que se mantiene vigente en algunas zonas rurales de Cataluña.

Esta persona explica que, en algunos municipios cercanos al suyo, «los cazadores ejercen de manera altruista porque no tiene ninguna compensación económica o eso dicen”. Sin embargo, en su población los cazadores pagan una cantidad anual concreta por hectárea de tierra a su propietario. “Cada cierto tiempo, los cazadores dan un sobre con dinero a los propietarios de las tierras para poder acceder y cazar”. Un acuerdo que, tal y como ha especificado, nunca se ha producido en su caso particular.

La conclusión que saca esta persona tras su experiencia con los cazadores es que se trata de un colectivo “corrupto, con malas prácticas, con dinero negro de por medio, con economía sumergida, etc. Y, sobre todo, con el consentimiento de las autoridades, quienes no actúan y dan vía libre a las malas praxis por parte de este conjunto”.

Tristemente, la experiencia de esta persona del Ripollés no es más que un ejemplo de muchas otras que sufren de manera constante los abusos y las actitudes de un colectivo que tiene carta blanca para hacer y deshacer con total impunidad. No podemos olvidar tampoco el maltrato animal sistemático procedente de los cazadores, quienes son responsables de gran parte del abandono de perros año tras año en España.

Sentencia histórica y pionera por maltrato animal contra los dos cazadores de la “Finca de los Horrores”

La condena a la pena máxima por maltrato animal a los dos cazadores de la “Finca de los Horrores” sienta un precedente muy importante y esperanzador de cara al futuro.

Sentencia histórica y sin precedentes. El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado por maltrato animal a los dos cazadores de la “Finca de los Horrores” de Cabra (Córdoba), estableciendo para cada uno de ellos la pena máxima que permite el Código Penal: 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia y cualquier ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Además, las dos personas condenadas tendrán que pagar una indemnización de más de 3.000 euros en concepto de gastos veterinarios, además de otros 3.000 euros por daños morales a la Asociación Protectora Galgos del Sur, que ha sido la encargada de ejercer la acusación.

“La sentencia ha supuesto una victoria tremenda. Ha sido un procedimiento muy trabajado y duro. Es una sentencia pionera porque hasta el momento no había existido ninguna que impusiese la máxima condena que permite el Código Penal. Estamos muy satisfechos con el fallo de la sentencia”, declara para Animalados, Dulce Aguilera, abogada de Galgos del Sur, del despacho Justicia-Animales & Medio Ambiente, que ha ejercido la acusación en el procedimiento penal.

Los hechos juzgados se remontan a octubre de 2020, cuando la asociación Galgos del Sur rescató en una finca del municipio cordobés de Cabra a 29 perros, la mayoría de ellos galgos, que estaban en unas condiciones terribles. Los animales se encontraban en un estado de extrema delgadez, muchos de ellos sin comida ni agua.  Además, algunos de los canes estaban encerrados en un cercado en condiciones insalubres, con grandes cantidades de basura, pellejos de animales muertos y multitud de heces.

La sentencia judicial también ha probado que, como consecuencias de este maltrato animal continuado “se produjo la muerte de un perro, que fue encontrado por agentes de la Policía Local de Cabra en un vallado perimetral próximo a la entrada del recinto”. Mientras que otro perro, un pastor belga de color negro, “tuvo que ser eutanasiado tras su traslado al Hospital Veterinario de Córdoba, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida”.

“El resto de los animales sufrieron lesiones consistentes en leishmania, caquexia, deshidratación, fiebre, debilidad, piometra, epistasis, amputaciones de rabos, dermatitis, pododermatitis, conjuntivitis, pústulas, alopecias y heridas debidas a peleas y objetos cortantes, precisando algunos de ellos asistencia veterinaria permanente al hacerse crónicos sus padecimientos”, continúa explicando la sentencia judicial.

Una sentencia pionera que sienta precedentes para el futuro

La protectora Galgos del Sur, así como todas las organizaciones que velan por la seguridad y el bienestar animal, han mostrado su satisfacción con una sentencia que consideran histórica y que sienta precedentes para el futuro, tanto por la aplicación de la pena máxima, como por la inclusión de una indemnización por daños morales.

“Esta sentencia sin precedentes debe servir como referencia a nivel de tribunales. En el caso de la “Finca de los Horrores” utilicé una estrategia que consistía en acusar por varios delitos y no por delito continuado, sabiendo cuáles eran las directrices de la fiscalía general del Estado. Yo creo que con esta sentencia se abre un punto y aparte. Es muy difícil conseguir la pena máxima y que te reconozcan los daños morales. Ahora ya hemos generado un precedente que debe servir como herramienta de cara a futuras acusaciones”, asegura esperanzada Dulce Aguilera.

Desde Animalados celebramos que, por primera vez, el fallo de un sentencia judicial se haya saldado con la máxima condena permitida por el Código Penal. Un castigo máximo que, sin embargo, no deja de ser muy laxo ante unos hechos deplorables y retorcidos que se escapan de todo entendimiento.

Lamentablemente, el episodio de la «Finca de los Horrores» no es más que una pequeña muestra del maltrato hacia los animales que existe actualmente en España. Esperemos que la futura Ley de Bienestar Animal, así como la próxima reforma del Código Penal endurezcan sus penas por maltrato para poder dejar de decir que ‘maltratar a un animal en España resulta barato’.

La irresponsabilidad de los cazadores supone un foco de contagio del coronavirus

La excusa de salir a cazar en tiempos de confinamiento para el supuesto control de la superpoblación de animales está poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Lamentablemente, ya existen casos en los que un grupo de cazadores se han contagiado entre sí, o incluso han contagiado a otras personas que nada tenían que ver con la cacería.

Como ya explicamos en nuestra anterior publicación, a pesar del confinamiento, algunos gobiernos autonómicos están dando vía libre a la caza con la excusa de que esta actividad en necesaria para el control de la población de animales salvajes. Una mentira que tiene como objetivo único disparar a animales por diversión y generar ingresos económicos.

Por si no fuera ya suficientemente grave esta situación, en las últimas semanas se han conocido diferentes casos en los que los cazadores se han contagiado entre sí durante una cacería, o incluso batidas en las que los cazadores han contagiado a otras personas que nada tenían que ver con la actividad cinegética, incluidos miembros de sus propias familias.

Sarria es un municipio de Lugo que actualmente se encuentra en una situación muy complicada a causa del elevado número de contagios de coronavirus que se han producido a lo largo de las últimas dos semanas. Según ha informado la “Voz de Galicia”, uno de los focos de contagio de esta localidad tuvo su origen en una comida de un grupo de cazadores que se celebró en un hotel durante una jornada de caza.

El propio medio de comunicación gallego detalla que asistieron al encuentro nueve cazadores, la mitad de los que asistían habitualmente, y comieron en dos mesas separadas. Sin embargo, los cuatro miembros de una de las mesas resultaron contagiados, llevando incluso el virus a los miembros de su propia familia, quienes también dieron positivo en la prueba del Covid. Afortunadamente los trabajadores del restaurante dieron negativo.

Otro caso de contagio tuvo lugar en la comunidad autónoma de Cantabria, actualmente una de las más golpeadas por el coronavirus. Durante el pasado mes de octubre, el municipio de Villacarriedo sufrió un brote provocado por un grupo de cazadores que se reunieron en un bar tras una jornada de cacería. Tras conocerse el brote, la Consejería de Sanidad tuvo que instalar un punto de pruebas PCR en un polideportivo de la localidad para poder hacer pruebas masivas y frenar el contagio entre sus habitantes.

Según informó Paloma Navas, directora general de Salud Pública del gobierno regional,  en el medio de comunicación de la Cadena Ser, el brote fue provocado por un grupo de cazadores que estuvo en un bar sin mascarilla y que obligó a Sanidad a tomar medidas para evitar que los contagios siguieran propagándose por toda la población.

Cazadores sin mascarilla y sin distancia de seguridad

A pesar de que los cazadores tienen vía libre para salir a cazar en muchas regiones de España, el colectivo tiene que cumplir con una serie medidas de seguridad anti-coronavirus decretadas por las autoridades sanitarias. Llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad reglamentaria son algunas de las medidas más básicas, medidas que no se han cumplido durante muchas cacerías.

La asociación animalista Libera denunció durante el pasado mes de septiembre que un grupo de cazadores incumplió las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para prevenir el coronavirus en el transcurso de una cacería que tuvo lugar en Outeiro de Rei, en Lugo. La asociación comunicó que la cuadrilla, llamada “Os Turravalados” publicó una serie de imágenes durante una batida, mostrando como tiraban de un suido sin llevar mascarilla ni guardar la más elemental distancia interpersonal.

En referencia a la caza y al coronavirus, desde la plataforma No A la Caza (NAC) advierten que la mayoría de las licencias de caza se centran en núcleos urbanos grandes, no en entornos rurales, por lo que permitir el movimiento de cazadores supone que los que viven en los núcleos urbanos, donde hay más contagios, se desplacen a zonas rurales, poniendo en peligro así a los habitantes de estas zonas. Recordemos que, en general, la población rural está más envejecida y, por tanto, son una población con mayor riesgo ante el ataque de la pandemia.

La plataforma NAC también recuerda que hay que tener presente que los grupos de cazadores que han provocado brotes de coronavirus no solo han puesto en peligro al resto de cazadores, sino que también han puesto en peligro a los trabajadores de los restaurantes, bares y a sus familias.

La gran mentira que usan los cazadores para saltarse el confinamiento

A pesar de las restricciones de movilidad causadas por el coronavirus, algunos gobiernos autonómicos están dando vía libre a la actividad cinegética con el argumento de que la caza es necesaria para el control de la población de animales salvajes. Se trata de una excusa, ya que, entre otros motivos, es la propia caza la que fomenta la superpoblación de especies.

El pasado 19 de noviembre la Xunta de Galicia publicó una circular con la que daba vía libre a los cazadores para que circularan por la comunidad y se juntaran en grupos de no convivientes para poder salir de cacería. Las limitaciones impuestas por el coronavirus no se les aplican a estas personas si se dirigen a cazar lobos o jabalíes. La sobrepoblación de estas especies y la posibilidad de la expansión de la peste porcina africana son el motivo por el que la Xunta ha reactivado la actividad cinegética.

Una situación muy parecida a la de Galicia se produjo en Murcia durante la semana pasada. La Consejería de Salud de la Región de Murcia interpretó como esencial las acciones de control de poblaciones por daños en la agricultura, la ganadería y la seguridad vial, por este motivo, se autorizó la movilidad de los cazadores entre municipios, así como la entrada y salida de la región.

Recordemos que en España cada Comunidad Autónoma tiene su propia ley de caza, por tanto, cada gobierno autonómico tienes unas leyes u otras, más estrictas o permisivas respecto a la caza y a los derechos de los animales. Existen partidos que defienden de forma más activa y llevan como bandera la caza y debido a esto y a sus intereses políticos están permitiendo a los cazadores salir a cazar cuando el resto de la población está confinada.

Pero… ¿realmente la caza es necesaria en España para controlar la superpoblación de animales salvajes hasta el punto de que las autoridades tienen que liberar a este colectivo de las restricciones impuestas por el coronavirus?

Animalados ha hablado con David Rubio, portavoz de la plataforma No A la Caza (NAC), quien ha dado una respuesta clara y contundente ante este interrogante: “La excusa de salir a cazar en tiempos de confinamiento para el control de la población de animales salvajes es tan solo eso, una excusa, ya que la caza es uno de los principales problemas de la sobrepoblación y de las supuestas “plagas” que atacan los cultivos y entran en las poblaciones urbanas. De hecho, en España cada año se matan más animales, tanto de caza mayor como de caza menor, y su población no para de crecer”.

La caza, una actividad que fomenta la superpoblación

Mientras las autoridades proponen solucionar el problema de la superpoblación mediante la caza, numerosos expertos apuestan por aplicar el “modelo alemán”, un sistema de control que se basa en disminuir la presión que los cazadores ejercen sobre las hembras matriarcas, que son quienes se encargan de evitar el descontrol de la manada. La caza de esta figura matriarca supone por tanto la multiplicación de los ejemplares de la especie.

El aumento de jabalíes y otras especies puede deberse a diferentes causas. Además de factores naturales como el cambio del clima o los inviernos con temperaturas más suaves y lluviosos, David Rubio describe otras causas que provocan la reproducción descontrolada de las especies:

-El aumento de las granjas cinegéticas, que crían millones de animales para repoblar los cotos de la caza y así hacer más negocio con la muerte de estos animales. Ningún cazador va a pagar un permiso de caza en un coto si este no tiene animales, con lo que los gestores de los cotos sueltan animales cinegéticos de granjas. Ningún cazador irá a una montería y pagará entre 200 y 9.000 euros que vale si no hay una gran cantidad de animales a los que disparar.

-Los gestores de los cotos alimentan continuamente a los animales salvajes, descontrolando el transcurso natural del ecosistema haciendo que los animales salvajes se reproduzcan continuamente, para así poder tener más trofeos y más animales con los que hacer negocio. Por tanto, fomentan la disponibilidad continua de alimento para disponer de más ejemplares que cazar.

-La falta de depredadores es otro causa. El acoso y exterminio de lo que los cazadores llaman “plagas”, que no son más que los depredadores naturales de sus preciados trofeos (lobos, zorros, linces, osos, águilas) hacen que el número de conejos, jabalíes, corzos, etc. Aumente sin control natural por falta de depredadores.

Por este motivo, desde la plataforma No A la Caza se cree que la caza y su negocio de cría y muerte de animales es un atentado contra la biodiversidad, contra la agricultura y contra la salud pública. La superpoblación es solo una excusa que utilizan los cazadores para poder salir a disparar a los animales por diversión y generar ingresos cuando gran la población está confinada.

Recoge un cachorro de la calle y la condenan por robo

El animal, que reclamaban unos cazadores, estaba enfermo y no tenía chip

Núria se encontró a una joven hembra de podenco sucia y llena de pulgas en su pueblo de Tarragona. Había sido abandonada o se había escapado. No llevaba collar. Enseguida la recogió, la limpió, la cuidó y la alimentó con cuidado, después de ver que «vomitaba de todo». La llevó también al veterinario, donde le dijeron que, en general, estaba bien pero que no tenía el chip de identificación, de manera que no se podía saber quién era el dueño. La identificación de los perros, hay que recordarlo, es obligatoria para todos y es la mejor protección que puede tener un animal contra la lacra del abandono. Núria la acogió en su casa y mientras estaba pensando qué hacer con la perra, porque ya tiene dos y no se la podía quedar, todo se complicó.

«Un día mientras la paseaba, paró un coche a mi lado y me preguntó: ‘este perro es tuyo?'», recuerda Núria. Ella sabía perfectamente que el hombre con quien estaba hablando era un cazador. «Si, es mía», respondió. El cazador comenzó a decirle que era mentira, que aquella perra le pertenecía y que la tenía que volver. «No tiene ningún chip, así que deberás demostrar que es tuya», le espetó Núria al cazador. La presión de la familia de los cazadores y de otras personas del pueblo contra Núria aumentó e, incluso, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Animalados, la fueron a esperar a la puerta de su casa para reclamarle la perra, hasta el punto que Núria «estaba asustada». La versión de esta vecina es que le amenazaron con hacerle «la vida imposible» y con no dejarla entrar en su casa. Llamó a los Mossos y a raíz de aquel episodio, se cruzaron dos denuncias: una de los cazadores contra Núria, por haberles robado la perra y otra de ella contra los cazadores, por amenazas, injurias y calumnias .

La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, pero, después de escuchar las dos partes y el testimonio de los Mossos, considera que Núria «estaba obligada a devolver el animal al denunciante cuando éste le requirió». Pese a no tener chip, la perra, de raza podenco, tenía una cartilla del veterinario y esto, según la juez, es prueba suficiente de que era propiedad de los cazadores. Así pues, la juez condena a Núria por un «delito leve de apropiación indebida» a pagar una multa de 240 euros, abonar el coste del juicio y a devolver a la perra a los cazadores. Por el contrario, absuelve a la familia de cazadores. La sentencia reconoce, gracias a un vídeo que aportó la vecina, que los cazadores le llamaron «robaperros», pero en cambio, dice que no queda acreditado que recibiera ninguna amenaza. En las imágenes se puede ver una docena de vecinos increpando a Núria en la entrada de su domicilio. Según la ley, una vez se encuentra un animal abandonado, hay que esperar 20 días antes de darlo en adopción, por si alguien lo reclama y, evidentemente, demuestra que era suyo.

A pesar del golpe, esta vecina está dispuesta a recurrir la sentencia. Teme que los cazadores no le den a la perra la atención que necesita. Teme que la usen para cazar y luego lo abandonen, como han hecho tantos otros cazadores.