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Los malagueños, obligados a registrar el ADN de sus perros

La medida tiene el objetivo de identificar a los responsables de excrementos en la vía pública

Unas 570.000 personas viven en Málaga ciudad. El incivismo de algunos vecinos que no recogían los excrementos de los perros ha obligado a las autoridades locales a tomar medidas. La más excepcional es la que obliga a los propietarios a identificar el ADN de sus perros. A partir del 1 de Enero, esta es una obligación para todos los residentes malagueños que, de no cumplirla, podrían ser multados.

Las multas se aplican bien por no tener el ADN del animal registrado o también por ser responsable de uno de los excrementos encontrados en la vía pública. La identificación se podrá hacer de manera ágil, bastará con extraer una muestra de los restos encontrados en la calle. Posteriormente, la identificación del propietario será inmediata.

La cuantía de las multas será bastante elevada. Supondrán un mínimo de 217 euros, tratándose de la primera vez. Reincidir aumenta considerablemente el coste de la multa, así como dejar deposiciones en parques públicos o lugares de interés cultural. El objetivo final es tener las calles limpias, evitar malos olores y la insatisfacción de los vecinos con las incidencias producidas por no recoger las deposiciones.

El modelo parece una buena manera de evitar el incivismo, por lo que podría ampliarse a otras ciudades si resulta efectivo. Un posible impedimento para la generalización del modelo son los 35 euros que cuesta la extracción de la muestra de ADN. Este gasto caería en manos de todos los propietarios, también aquellos que cumplen sus obligaciones habitualmente. Por otra parte, se trata de un único pago, lo que lo hace más asequible para todos. Hasta el momento, habría registrados ya más de 12.500 perros, según informa diariosur de Málaga.

El incivismo de personas que no recogen las ‘cacas’ es un problema para la convivencia. Por ello, desde Animalados, ofrecemos una serie de pautas que pueden mejorar el civismo en la ciudad.

Sitges analizará el ADN de las cacas de perros para sancionar a sus dueños

Sitges analizará el ADN de las cacas de perros para sancionar a sus dueños y los ciudadanos que quieran censar un perro deberán aportar una muestra de ADN.

El Ayuntamiento de Sitges ha puesto en marcha un sistema que permitirá multar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos de los animales a través del análisis del ADN de los restos, según ha informado Televisió de Catalunya. Los vecinos de Sitges hace tiempo que critican este acto incívico y han optado por señalizar los restos que se pueden encontrar en parques, aceras, etc.

Los 1.200 perros censados ​​actualmente y los que se censan a partir de ahora deberán aportar una muestra de ADN que se guardará en una base de datos.

El análisis, la hará una empresa del parque de investigación de la UAB, donde han diseñado el Proyecto Vetgenomics. Cuando llegue una muestra de heces, la analizarán en el laboratorio para poder extraer el ADN. Si el perro no forma parte de la base de datos, también se podrá tener un retrato robot, con características como el tamaño o el tipo de pelo, lo que puede ayudar a identificarlo.

Otro beneficio será la detección de los parásitos más comunes que hay en las heces, que pueden representar un riesgo para el animal y una amenaza para la salud de los ciudadanos, sobre todo de los niños.

«La parte más importante para nosotros es la parte sanitaria, la de la identificación de los parásitos, además de la identificación del perro. La detección de parásitos es importante porque reducimos el riesgo de problemas sanitarios», explicó Oscar Ramírez, responsable de Vetgenomics-UAB.

Jordi Mas, concejal de Salud Pública del Ayuntamiento Sitges, ha explicado en declaraciones a TV3: «Pretendemos que el coste del análisis del excremento venga cubierto por la sanción, por la multa correspondiente, y el coste de la toma de muestras de la información genética del animal venga cubierta por la tasa misma que ya se gira a la hora de censar los nuevos animales».

El proyecto se pondrá en marcha a partir de septiembre con la intención de que se extienda a otros municipios. En principio, ya hay conversaciones con la Diputación de Barcelona.