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La Fiscalía teme un abandono masivo de perros cuando finalice el confinamiento

La Fiscalía ha advertido de las numerosas adopciones de perros fraudulentas que se están produciendo para poder salir de casa durante el confinamiento.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha alertado a través de un escrito de las numerosas adopciones de perros que se están produciendo durante el estado de alarma en España. Son muchas las personas que están buscando la compañía de un animal para poder salir a pasear y escapar así del confinamiento. Ante esta situación, la Fiscalía teme que una vez finalizada la crisis del Covid-19 se produzca un proceso masivo de abandono de animales.

Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente, ha pedido en el escrito a los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo de las Fiscalías Provinciales que estén atentos ante esta situación y lo denuncien tal y como se establece en el artículo 337 del Código Penal. Diversos centros de adopción ya han reconocido que han dado en acogida a la totalidad de sus animales durante los días de confinamiento. Muchas de estas adopciones se habrían producido por vía telemática.

El fiscal de Medio Ambiente ha declarado en dicho escrito que “el problema reside en que se desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes o si son simplemente planteamientos espurios y destinados a tener una excusa, por parte de los nuevos titulares para poder salir a la calle”.

Antonio Vercher ha advertido que, tras las numerosas adopciones, “es previsible que pasado el estado de alarma se empiecen a producir abandonos de animales adoptados en este contexto. El abandono de animales, en condiciones en que pueda peligrar su vida e integridad, constituye un delito del artículo 337 bis del Código Penal. Es por ello por lo que interesa que se comunique el presente oficio a las entidades públicas o privadas con competencias en la materia, de manera que estén en condiciones de informar a la Fiscalía de la realización de tal tipo de abandonos, facilitándose con ello la aplicación del Código Penal”.

Para finalizar, el fiscal ha explicado en la nota escrita que siguiendo esta estrategia se permitirá “no sólo estar en condiciones de valorar lo ocurrido, sino también preparar futuras estrategias de repetirse alguna pandemia igual o similar, amén de poder ser utilizada de plantearse algún análisis comparativo con el resto de los países de la Unión Europea o de cualquier otro ámbito en el que pueda ser de interés su uso”.

El centro de animales Última Llar, denunciado por maltrato animal

El fiscal ha presentado una denuncia en el juzgado de Reus acusando a la empresa Última Llar de irregularidades con el registro de entradas y salidas de los animales del centro. Además, los animalistas de Tarragona hace tiempo que acusan al centro de sacrificar a perros y gatos de manera injustificada.

Desde hace ya varios años son muchas las personas que han denunciado las irregularidades existentes en el trabajo de Última Llar, una empresa dedicada a diferentes servicios de los animales de compañía ubicada en la población de Riudoms, en Tarragona.

En el año 2012 un grupo de voluntarias del centro ya denunciaron las malas formas de trabajo por parte de Última Llar. Entre las denunciantes se encontraba Anna Carbonell, directora de la ONG animalista Nova Eucària y una de las caras visibles de la parte delatora. La solución inmediata por parte de la empresa ante estas acusaciones fue la de acabar con la plantilla de voluntariado y continuar su labor únicamente con los trabajadores propios.

Sin embargo, tras muchos años de lucha, las denuncias de Anna Carbonell y del resto de voluntarias han logrado su meta y un juzgado de Reus ha abierto diligencias previas a raíz de las continuas denuncias presentadas contra Última Llar.

En la acusación, la directora de Nova Eucària asegura que el registro de entradas, salidas y defunciones que tiene la empresa de animales no corresponde con la realidad. “No existe un registro oficial de entradas y salidas, no hay fichas de los animales ni documentos que recojan los datos de manera actualizada”, explica Anna Carbonell.

Después de trabajar en las instalaciones como voluntaria, Carbonell no duda en definir el centro: “Como un espacio de exterminio de perros y gatos perdidos y abandonados en Tarragona”. También describen que los animales se encuentran en una situación de salud muy precaria: “Cuando visitabas el centro podías ver a muchos animales en un estado de salud lamentable que no recibían ningún tipo de atención sanitaria, curiosamente esos animales después desaparecían sin que existiera un registro oficial de su defunción”.

Los denunciantes también aseguran que: “existen grandes discrepancias entre el número de ejemplares vivos por los que cobra la entidad y los que realmente hay”, además: “Según las entradas, tendría que haber unos 1.800 animales y suele haber unos 250”.

Además de las irregularidades ya mencionadas, los antiguos voluntarios también acusan a Última Llar de no cumplir con una periodicidad adecuada de las visitas veterinarias, así como de sacrificar una gran cantidad de animales de manera innecesaria. “Muchos de los perros vistos en las instalaciones de Riudoms desaparecían al día siguiente como por arte de magia”, confiesa la parte acusadora.

Mònica Pàmies, forma parte de la comisión animalista de la CUP en Reus y también ha visitado el centro en diversas ocasiones. Como Carbonell, denuncia que las malas prácticas del centro no son ninguna novedad: “Desde hace muchos años somos conscientes de la situación existente en Última Llar. El problema principal es la falta de transparencia por parte del ayuntamiento, del regidor de ecología y de la propia empresa. La opacidad en el trabajo de este lugar es muy significativa y delatadora”.

Desde Última Llar se niegan los hechos de los que se le acusan, de hecho, presentaron una querella contra Anna Carbonell por injurias. Por otro lado, desde Animalados nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Reus. Desde el consistorio han reconocido que han recibido quejas sobre la gestión de esta empresa, pero han preferido no hacer declaraciones.

El siguiente paso es que la jueza de instrucción archive o pase el caso a juicio. Con la intervención actual de la fiscalía y con las pruebas presentadas por parte de la parte denunciante, todo apunta a que el juicio finalmente se celebrará.

La triste realidad es que la situación actual que se vive en el centro de animales de Última Llar es uno de los tantos casos que se denuncian constantemente en Cataluña por parte de diferentes voluntarios. Se conocen otros centros de acogida de animales para dar en adopción donde los perros y gatos también se encuentran en una situación muy precaria, incluso sin ver la luz del sol y encerrados en jaulas. Sin duda se trata de uno de los temas más obsoletos dentro de la agenda política, una situación que requiere una regulación y una solución inmediata.

Publicación Tarragona Digital 2015

Dos responsables de la Protectora de Animales de Torredembarra, imputados por irregularidades en las instalaciones y en el personal

Medicamentos caducados, instalaciones con sobrepoblación de animales e inexistencia de los documentos exigibles. Éstas son algunas de las carencias halladas en la Protectora de Animales de Torredembarra por los agentes de la Guardia Civil durante las dos inspecciones realizadas al recinto después que la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona abriera una investigación por supuestas irregularidades encontradas en las instalaciones y también en el personal que las atiende. Según informa el Diari de Tarragona, la Fiscalía ha imputado el presidente y un vocal de la asociación Olescan, que gestiona la Protectora, y hoy han declarado por los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsificación de documentos. Inicialmente, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunciaron la situación ante el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat –la entidad que puede sancionar por la vía administrativa– y también al Ayuntamiento de Torredembarra. Pero a medida que avanzaba la investigación los guardias determinaron que la actuación de los responsables podría constituir una infracción penal, por lo que pusieron el caso en manos del fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, que abrió diligencias de investigación.

Los agentes detectaron en la protectora irregularidades, tanto en la salud de los animales como en el funcionamiento de las propias instalaciones. Así, carecían del libro de registro oficial, deficiencias higienicosanitarias y en la eliminación de los residuos, no acreditar la inscripción en los registros de núcleos zoológicos, no disponer las instalaciones de condiciones de bienestar adecuado, vulneración de las condiciones higiénicas a la hora de dar de comer a los animales, entre otras. Hace unos días, la Guardia Civil realizó una segunda inspección y constató que había habido una mejora (el número de perros había descendido considerablemente y ya no había prácticamente sobreexplotación). No encontraron ningún animal que estuviera enfermo, como sí había pasado en julio, cuando hallaron ejemplares con sarna o con leishmaniosis –una enfermedad incurable y crónica que el perro no transmite a los humanos ni a otros animales–. Sin embargo, los agentes volvieron a constatar una serie de irregularidades, como que no constaba el veterinario titular del centro, que no había fichas veterinarias realizadas, problemas en la eliminación correcta de residuos sanitarios y que el libro seguía sin actualizarse.

Los agentes encontraron medicamentos caducados desde hacía meses y los cadáveres de perros se hacinaban en el congelador, a la espera de que una empresa gestora autorizada en este tipo de residuos los recogiera. En un principio tendría que ser en un máximo de 24 horas: “No consta en ningún sitio la última vez que vino la empresa a recoger los animales”, comentaba al Diari de Tarragona el responsable de la investigación del Seprona. El pasado mes de noviembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza envió las diligencias preliminares a la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió diligencias de investigación. Por su parte, la Guardia Civil apunta que la investigación policial está a punto de finalizar. Una vez concluida se dará cuenta al Col·legi de Veterinaris, al que se solicitará información sobre si tenían conocimiento de los hechos y por si quiere personarse como parte interesada. Fuentes del mencionado colegio profesional indicaron  al diario tarraconense que no tienen constancia de que ningún veterinario colegial trabaje para dicha protectora de animales.

La protectora está gestionada en concesión por la asociación sin ánimo de lucro Olescan, encargándose de la recogida de animales domésticos en varios municipios de la demarcación –básicamente Alt Camp y algunos del Baix Camp–, aunque esta entidad también tiene presencia en varias localidades de Barcelona.  A raíz de las graves irregularidades observadas, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, abrió una investigación, realizando varias inspecciones en los centros que gestiona Olescan en las localidades de Òdena, Moià, Sant Pere de Molanta y un centro veterinario de L’Hospitalet del Llobregat, y en la localidad de Torredembarra, detectando como práctica habitual que en alguno de estos centros se habrían realizado tratamientos veterinarios por personal no facultativo, así como la administración de vacunas y la expedición de recetas por personal no habilitado. Las inspecciones practicadas derivaron en más de treinta denuncias administrativas por irregularidades en los centro como carecer de libro registro de núcleo zoológico, la no identificación de los animales, colocación de chips por parte de trabajadores sin formación y el uso de vehículos no habilitados para la recogida de animales abandonados.