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Intervenidos dos linces protegidos que habían sido vendidos de forma ilegal en un establecimiento de Toledo

Los linces, que vivían en una jaula ubicada en el jardín de la vivienda de su propietario, ahora se encuentran en un centro de Alicante de la fundación AAP Primadomus.

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, al poseer dos linces de la especies ‘Caracal caracal’, consideradas especies protegidas. Asimismo, los agentes han investigado a un varón y una mujer como presuntos autores de tráfico de especies protegidas, al ser los vendedores de estos dos animales.

La investigación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible existencia de dos linces en una propiedad del municipio de Santiurde de Toranzo (Cantabria). El propietario de estos dos felinos estaría incluso sacándolos a pasear por zonas públicas.

Tras varias comprobaciones, los agentes localizaron una jaula ubicada en el jardín de una vivienda, lugar donde se encontraban los linces de la especie ‘Caracal caracal’. Esta especie se encuentra incluida como especie protegida dentro del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Salvaje (CITES).

Agentes durante el decomiso de los linces/Guardia Civil

Por este motivo, los agentes solicitaron al propietario de los linces diversa documentación, pudiendo comprobar que no acreditaba su legítima tenencia, al no poseer el permiso de importación CITES o certificado de cría en cautividad, entre otras irregularidades.

Continuando con las investigaciones, los agentes pusieron en conocimiento de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las irregularidades en el comercio de especies protegidas, así como una infracción a la ley de represión del contrabando.

Los animales fueron vendidos en un establecimiento de Toledo

Posteriormente, los agentes constataron que los dos linces habían sido vendidos en un establecimiento de la provincia de Toledo, por lo que componentes del SEPRONA se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí, pudieron verificar que los animales habían sido vendidos sin factura y sin los documentos que acreditaban su legal procedencia.

Ante esta situación, los agentes procedieron a instruir diligencias en calidad de investigados a los responsables del establecimiento, como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por tráfico de especies protegidas.

Por tales hechos, la Guardia Civil, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, activó el protocolo para asignar a los linces un lugar dentro de la red de centros de rescates CITES, que por sus características y capacidades fuera más adecuado para albergar los animales.

Así, personal de la fundación AAP Primadomus, una organización que tiene entre sus fines el rescate y rehabilitación de animales salvajes con sedes en España, Países Bajos y Alemania, se hicieron cargo de los felinos. En concreto, los felinos han sido trasladados al centro que tienen en la provincia de Alicante.

Decomisan 22 équidos por maltrato animal en la comarca de Osona

Tras la denuncia interpuesta por la Fundación FAADA, el Departamento de Ganadería de la Generalitat de Catalunya ha decomisado 22 équidos entre caballos, mulas y burros, a un tratante de la comarca de Osona supuestamente investigado por maltrato animal.

Desgraciadamente, dos de las yeguas ingresadas en el Hospital Veterinario de la UAB y en el Hospital Veterinario equino Eguisof, tuvieron que ser sacrificadas por su pésimo estado. Otro caballo murió de manera repentina días antes del decomiso.

En el mes de junio, varios particulares habían contactado con FAADA para informar del terrible estado físico y las condiciones de mantenimiento en que se encontraban los équidos de una finca del municipio de Santa Eulalia de Riuprimer. El tratante tenía los animales repartidos en cinco explotaciones ubicadas además de Santa Eulalia de Riuprimer, en Santa Eugenia de Berga y Malla.

Desde FAADA se denunció de inmediato la situación al DARP y se informó también al cuerpo de Agents Rurals solicitando actuación urgente y el decomiso de los animales. Según personas de la comarca, desde hacía años el tratante se dedicaba a comprar équidos viejos y con lesiones que ya no servían para las hípicas, para engordarlos y llevarlos a mataderos, aunque ahora, legalmente, ya solo podía llevar a los potros recién nacidos.

En el 2017 la Asociación Adro había denunciado a este mismo tratante por dejar morir un caballo. Pero no es hasta este mes de octubre que el DARP ha ordenado el decomiso. Desde entonces se han hecho tres actuaciones, en la primera se decomisó una yegua que acabó muriendo al día siguiente en el hospital veterinario donde estaba ingresada, en la segunda se decomisó otra yegua que también falleció al cabo de unos días, y durante una nueva inspección se descubrió que uno de los caballos ya había muerto. Por todo ello, finalmente el DARP decidió cerrar la explotación y decomisar todos los animales.

Dado que, este tratante y su actividad ilegal eran, al parecer, ya conocidos por todos los cuerpos policiales, el cuerpo de los Mossos d’Esquadra le imputará por un delito de maltrato animal, así como pro varias irregularidades detectadas: carencia de código REGA y de libro de registro, y por mover los animales sin el permiso sanitario correspondiente.

Habrá que ver cuántos de los équidos no presentan complicaciones durante su rehabilitación y se espera que todos encuentren un hogar definitivo. Preocupa especialmente el semental por el estado de sus pezuñas, con un crecimiento desmesurado que le impide caminar y que también presenta problemas de comportamiento por agresividad.

FAADA felicita al DARP, y a los demás cuerpos policiales implicados, por la decisión de cerrar la explotación y retirar todos los équidos. Esto implica un coste elevado por los gastos del decomiso y la alimentación de los animales durante unos meses, y el Departamento, sin duda, ha hecho un esfuerzo en este sentido.

Pero, una vez más, desde la fundación de protección animal se lamenta que hayan muerto tres équidos debido a la lentitud a la hora de tomar la decisión y la falta de seguimiento en casos donde el responsable ya había sido denunciado anteriormente. A pesar de tener un protocolo de actuación para estos casos, parece que no se acaba de utilizar correctamente teniendo en cuenta que, según el mismo, debería procederse al decomiso cuando “hay riesgo por la vida del animal”.

Por último, FAADA quiere agradecer la generosidad, la rapidez y el compromiso de las entidades que se han hecho cargo de los équidos: Proyecto Miranda, Mas Casanova, Caballos de Terraprim, Arre, Las Siete Cabritas y ADE. La mayoría de los animales son de edad avanzada, lo que dificultará su adopción y que hace tan importante que estos centros hayan decidido cuidar de ellos.

La Comunidad de Madrid deniega el decomiso de los animales del laboratorio Vivotecnia

Según ha informado FAADA, el fiscal considera que ningún artículo del Código Penal permite el decomiso, hecho totalmente incierto, ya que en muchos casos se ha procedido de esta manera. Las entidades de protección animal recurrirán esta resolución.

Has transcurrido más de un mes desde que salieron a la luz las imágenes filtradas por la entidad Cruelty Free, en las que se observaba un maltrato continuado, innecesario y extremadamente cruel a los animales del laboratorio Vivotecnia por parte de encargados y empleados. En dicho mes, y tras una interposición de las oportunas querellas, varias organizaciones de protección animal se han personado en el Juzgado correspondiente donde se instruye el procedimiento.

Tal y como ha informado FAADA en una nota de prensa, «en dichas querellas, como en posteriores escritos, se solicitaron varias diligencias de investigación, así como medidas cautelares de gran relevancia para la protección del bien jurídico protegido, como lo es el decomiso cautelar judicial de los animales. Dicha medida cautelar está sobradamente permitida y amparada no solo por el artículo 399 del Código Penal, sino igualmente por amplia jurisprudencia, que fue expuesta en las referidas querellas».

«Automáticamente, desde que fueron abiertas dichas diligencias previas en el Juzgado, la Comunidad de Madrid tomó la decisión de no decomisar administrativamente a los animales, bajo el pretexto de alegar que, a raíz de la apertura de un procedimiento judicial, el decomiso administrativo quedaba paralizado: un hecho que es totalmente incierto, ya que la vía judicial no paraliza la actuación cautelar administrativa», asegura FAADA en su comunicado.

La nota también informa que durante la jornada de ayer 18 de abril, las entidades de protección animal recibieron la notificación del juzgado que deniega las medidas cautelares. Esta denegación se fundamenta en un informe del 11 de mayo de 2021 en el que la Comunidad de Madrid argumenta la “no conveniencia de la retirada de los animales al resultar contraproducente y contraria a la legislación en materia de experimentación con animales y considerando que las medidas correctoras adoptadas en cuanto al control y supervisión son suficientes para su bienestar y están dentro del marco legal de la ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, experimentación y sacrificio”.

Así pues, según FAADA «el juzgado de instrucción se apoya en dicho informe sin optar por medidas encaminadas a la protección de los animales que se encuentran en el centro de experimentación. Además, el fiscal considera que no hay ningún artículo del Código Penal que lo permita, hecho totalmente incierto, ya que en muchos casos se ha procedido al decomiso de los animales».

«Las medidas cautelares solicitadas se justifican en la existencia de indicios de que, durante las prácticas de experimentación se han causado perjuicios innecesarios en la salid física y psíquica de los animales empleados. En este caso, tal y como ha quedado demostrado en varias grabaciones, hay animales en Vivotecnia, que han sido torturados cruelmente», añade la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales.

Las entidades FAADA, AnimaNaturalis y PACMA recurrirán la resolución: «Los animales no pueden seguir en manos de las mismas personas que llevaron a cabo dichos actos, y tampoco de aquellos que lo permitieron».

Estas entidades estarán presentes en Madrid el 29 de mayo en la gran manifestación convocada para reclamar el decomiso de los animales y a la que también están adheridas las entidades Libera!, Fundación Franz Weber, Fundació Fauna, Pacma, Santuario Gaia, Santuario Vegan, Discan, Fapam, Fesa, La Bassa Hogar Animal, El Campito, Associació Animalista de Centelles, R114 Animalistas, Pinto Vegan, Animal Rescue España, NAC, Patitas en Marcha, ADAEC, Amnistia Animal, Más Madrid, Asociación Vacaloura Santuario Animal, Alma Hondon, Free Fox, Santuario Espíritu Libre, Dignidad Animal.