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“La implicación de los ciudadanos es fundamental en la lucha contra el maltrato animal”

Cristina Bécares es abogada, con un Máster en Derecho Animal con despachos en Barcelona y Tarrasa, sede de la comisión local de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados que ayudó a fundar. Ha participado con éxito en numerosos casos por toda España, el último se ha saldado con pena de prisión para el asesino de Benito en Bilbao.

¿Qué valoración hace de la sentencia del caso Benito, el perro asesinado después de haber sido adoptado en Bilbao?

Positiva a grandes rasgos. Aun así, la frialdad y tranquilidad en la exposición de los hechos por parte del – actualmente – condenado, y el hecho que él mismo reconociera haber golpeado al perro en reiteradas ocasiones antes del estrangulamiento, motivó que desde APA SOS Bilbao – acusación particular – solicitásemos condena por delito continuado de maltrato animal y una pena de prisión de 22 meses.

La Juez ha considerado que se trata de un solo delito de maltrato animal con resultado de muerte, y la condena impuesta ha sido de 11 meses de prisión y 28 meses de inhabilitación especial para la tenencia de animales, así como para ejercer profesiones, oficios o comercio relacionados con animales.

Respecto a la responsabilidad civil, desde APA SOS Bilbao solicitábamos una indemnización por los daños morales ocasionados de 4.000 euros, la Sentencia ha acordado fijarla en 200 euros más intereses. Desde el despacho ANIMALEX – primer despacho especializado en Derecho Animal en el territorio nacional – consideramos que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de daños morales en el ámbito del derecho animal.

¿Qué conclusiones extraería del caso para prevenir que se repita?

En mi opinión, es importante la formación y educación en materia de tenencia animal. Educar desde pequeños a empatizar y tener respeto por el resto de animales, y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de seguir denunciando casos de maltrato y abandono de animales.

Cada vez somos más los abogados animalistas. ¿Qué determina que un delito de maltrato animal se castigue con cárcel, con una multa o se celebra como un evento «cultural»?

En nuestro Código Penal, el maltrato animal se castiga como delito o delito leve, dependiendo de la gravedad de los hechos. Las penas por delitos leves de maltrato no suponen pena de prisión, sino que están castigadas con multas que van desde el mes hasta los seis meses. En cambio, aquellos hechos que puedan ser considerados como delito de maltrato, sí prevén una pena de prisión mínima de tres meses y un día. Por otra parte, el Código Penal castiga el maltrato injustificado, es decir, deja fuera de protección cualquier tipo de “maltrato justificado”, donde se incluyen los festejos públicos, fiestas u otros eventos “culturales”, como serían las corridas de toros o los correbous, entre otros.

¿Qué nota pondrías en general a la judicatura española en materia de derechos de los animales?

No me aventuro a dar una nota genérica a toda la judicatura, creo que poco a poco hay resoluciones que visibilizar la sensibilización hacia los animales y la necesidad de protección, mientras que de otras aún podemos extraer frases y argumentos que, en mi opinión, muestran que aún queda mucha faena por hacer y recorrido por recorrer.

¿Y al legislativo?

En los últimos años hemos vivido y estamos viviendo diferentes modificaciones legislativas, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo.

Con la última modificación del Código Penal se dotó de protección a todos los animales, a excepción de los que viven en estado salvaje y se incluyó el delito de explotación sexual, entre otras modificaciones. Considero que dichos cambios contribuyen a pequeños avances en materia de protección animal, pero que con el tiempo estamos viendo que aún necesitan un mayor compromiso del poder legislativo, por ejemplo, el caso en el que una persona maltrataba a un jabalí en una acequia, en Lleida, no podía prosperar en la vía penal porque se trataba de un animal salvaje. O, fijar qué consideramos, a efectos penales, por explotación sexual hacia animales para poder condenar.

A nivel administrativo, estamos viendo como poco a poco los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas van actualizando las ordenanzas municipales para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales. A nivel local, por ejemplo, muchos Ayuntamientos empiezan a establecer obligaciones a los propietarios de animales de compañía para garantizar unos estándares mínimos de bienestar animal, se incluye la regulación de las colonias de gatos, del tratamiento que debe darse a los gatos ferales, etc.

Por lo tanto, a nivel legislativo poco a poco vamos progresando, y gracias al compromiso de asociaciones, particulares y algunos políticos, vamos haciendo camino.

¿Y al ejecutivo?

Es una pregunta complicada ahora mismo. Hay partidos que han sorprendido a muchas personas por sus políticas en pro de los animales en los últimos tiempos, y partidos que desconozco la problemática real que nos plantearán a corto o medio plazo.

A nivel local, por ejemplo, desde la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa, hemos enviado un listado con propuestas a todas las formaciones políticas que se presentarán a las elecciones en Terrassa.

La idea es que todos los partidos las puedan incluir en sus programas, que adquieran compromisos tendentes a mejorar el bienestar animal. Ahora toca esperar a ver qué partidos las incluyen y, en caso de incluirlas, quienes contribuirán a llevarlas a cabo, no relegándolas sólo a propuestas en fase de campaña electoral.

¿Haría bien una ley de mínimos a nivel nacional?

Una Ley de mínimos a nivel estatal en materia de protección animal sí, una Ley a nivel estatal en materia de protección animal, no. Actualmente, existen tantas normativas de protección animal como comunidades y ciudades autónomas. Esta variedad normativa comporta inseguridad jurídica al ciudadano, toda vez que situaciones que pueden estar prohibidas en una Comunidad Autónoma, pueden estar permitidas en otras. Del mismo modo, hay Comunidades Autónomas que prevén medidas accesorias en caso de imponer sanciones, mientras que otras no prevén ninguna medida, de forma que, por ejemplo, una persona puede maltratar a un animal y no tener una medida accesoria de prohibición de tenencia o adquisición de animales.

Establecer una Ley estatal de mínimos, garantizaría que todas las comunidades autónomas tienen unos estándares básicos garantizados, de manera que todo animal gozaría de la misma protección independientemente de la comunidad donde residiera o estuviera.

¿Qué debería incluir?

Empezaría el listado y tardaría horas en terminar, pero como nos planteamos una ley de mínimos, empezaría por garantizar estándares mínimos de bienestar animal para todos aquellos animales que son o puedes ser considerados animales domésticos y de compañía. Considero necesaria la definición del gato feral a nivel estatal, la regulación de las colonias de gatos, la protección a todos los perros, independientemente del uso que en ocasiones se les pueda dar. La inclusión, dentro de la esfera de protección, de animales exóticos o que podían ser considerados salvajes, cuando éstos están bajo la protección del ser humano o en contacto con éste.

Establecer medidas accesorias de prohibición de tenencia, de adquisición u otras inhabilitaciones.

¿Los ciudadanos y las protectoras denunciamos el maltrato animal?

Por suerte, cada vez son más visibles los casos de maltrato animal, ello es gracias a la colaboración de ciudadanos y protectoras. Ahora bien, aún son muchos los casos que no se denuncian por miedo a represalias, por falta de recursos o por normalización de la situación.

¿Cuándo denunciamos lo hacemos bien?

Habría que mirar caso por caso, pero por norma general sí, ya que lo importante es denunciar para que se lleve a cabo la investigación oportuna, ya sea en la vía penal o administrativa.

¿Qué elementos no deben faltar en una denuncia para iniciar un camino de éxito?

Es importante facilitar toda la información de la que dispongamos, lugar de los hechos, fecha y hora aproximada, datos que sepamos de la o las personas implicadas, del tipo y número de animales, y pruebas, por mínimas que sean.

¿La justicia es gratuita en caso de denunciar un caso de maltrato animal?

En vía administrativa, el ciudadano o la asociación, puede optar únicamente por presentar la denuncia ante la administración competente, sin ningún coste.

En vía penal, un particular puede denunciar casos de maltrato animal ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o en el juzgado de guardia sin ningún coste. Recordemos que si se está produciendo un caso de maltrato animal podemos llamar a la policía y solicitar que se personen en ese lugar en concreto.

Si posteriormente nos queremos personar en el procedimiento judicial, podremos hacerlo como acusación particular si somos los directamente perjudicados o como acusación popular en otros supuestos.

Como acusación, en ambos casos, habrá que sufragar los gastos de abogado y procurador. Ellos son los profesionales que se encargarán de llevar la defensa de los intereses de esa persona o asociación y consecuentemente dirigir acusación (solicitar práctica de pruebas, seguir el procedimiento, acusar y seguir la fase de juicio oral y posterior ejecución de sentencia), independientemente de la postura adoptada por el Ministerio Fiscal, con quien pueden o no coincidir en cuanto a petición de pruebas y de condena.

¿Son los abogados la profesión del ámbito jurídico que tiene las pilas más puestas?

Depende de cada profesional y no de cada ámbito. Cada vez somos más los abogados animalistas que nos dejamos la piel en defender y garantizar la protección de los animales. Del mismo modo que también destacan muchos y muchas Fiscales y Jueces que en sus plazas están realizando acciones que contribuyen a avanzar en los progresos que se están haciendo a nivel judicial.

¿Qué caso de los que has llevado te ha producido mayor satisfacción?

Recuerdo un juicio que llevé a cabo desde el despacho ANIMALEX, en el que solicitábamos que se condenara a un cazador como autor de un delito de maltrato animal y de una falta de abandono de animales, los hechos ocurrieron poco antes de la modificación del Código Penal, por lo que el abandono de animales era considerado falta y no delito leve, como ocurre ahora.

La perra había sido adquirida por el condenado para la caza, resultando gravemente herida y abandonada, precisamente al término de la temporada.

Fue un juicio que, en sala, duró algo más de dos horas y media. La Sentencia consideró que quedaban probados los hechos que la asociación había denunciado y le condenó como autor de un delito de maltrato animal, a la pena de siete meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales por tiempo de un año y nueve meses; y como autor de una falta de abandono animal, con pena de 40 días de multa a razón de seis euros de cuota diaria, a lo cual se le añadieron tanto los gastos ocasionados a la asociación en cuanto a veterinarios y las costas procesales, es decir, los costes de los abogados y procuradores que intervinimos en el procedimiento.

 ¿Cuál te ha frustrado más?

Me frustran aquellos expedientes en los que no has llegado a tiempo para evitar el incremento de sufrimiento del animal, o aquellos en los que ves que con la ley actual no puedes hacer mucho más.

Has sido ponente en las Jornadas Felinas Andaluzas ¿Qué tal la experiencia?

Muy positiva, no sé qué pensarán las personas que estaban allí, pero para mi muy positiva. Fue una intervención muy cortita, me quedé con ganas de mucho más.

Lo importante es que creo que quedó claro que los Ayuntamientos pueden hacer más de lo que muchos hacen, ya que la normativa actual les permite regular sobre aspectos que algunos no ven claro.

Pienso que es importante que se sigan llevando a cabo Jornadas como ésta y que las asociaciones animalistas estén activas en el día a día de la agenda política.

Carlos Moreno, abogado animalista: “Los juristas que hemos tomado conciencia de qué si no paramos la fuente principal del maltrato, éste se perpetuará”

Carlos Moreno es abogado y activista animalista. Comparte con un gran número de Manchegos y de ciudadanos nacionales la preocupación por las noticias que llegan sobre la ley de Protección Animal de su Comunidad. De su mano, esclarecemos algunas dudas y las substituimos por conocimiento especializado

¿Son las propuestas de ley manchega que regulan la caza y el bienestar animal las más «reaccionarias” de Europa?

Hablando en términos estrictamente jurídicos, considero que las normas tienen que adecuarse al contexto social en el que se van a aplicar y, en Castilla- La Mancha, concretamente, se dan una serie de prácticas que, pese a no gustarme y estar ideológicamente en contra de las mismas, históricamente se han venido produciendo. Ello supone que existe todo un sector de la economía manchega que depende directa o indirectamente de ellas. Por ello, no diría que son la más «reaccionarias» de Europa ya que se trata de una realidad que no se da en el resto de Europa. 

¿Consideran los cazadores la totalidad de la Comunidad cómo un coto propio?

Desconozco qué considera la gente aficionada a la caza, pero lo que sí es seguro es que a la hora de presionar e influir en la futura Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha se organizan mejor que las entidades que velan por los Derechos de los animales. Como ha quedado claro, son más influyentes.

Por favor explícanos un poco su evolución desde el origen de ambas leyes

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, su artículo 32.7 le habilita para, en el marco de la legislación básica del Estado, desarrollar la correspondiente legislación y su consecuente ejecución en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas, así como normas adicionales de protección. Ello se complementa con el apartado 3 del citado artículo, relativo a la sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud.

            La regulación inicial de la Región de Castilla- La Mancha, de protección de animales domésticos, es la Ley 7/1990 de protección de los animales domésticos, tuvo que ser hace casi tres décadas un paso importante en la materia, pero, como ha quedado acreditado en todo el tiempo transcurrido desde su aprobación, es necesaria una adecuación de esa norma al tiempo en que vivimos.

            Las leyes de los noventa que surgieron en esta materia, fundamentaban su existencia como una respuesta al sentir de una sociedad cada vez más concienciada con la protección de los animales, en este caso domésticos.

“El anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha excluía a los perros de caza. Los encargados de tratar las enmiendas fueron los mismos que redactaron el proyecto”

 

            No es hasta el año 2009, cuando el artículo 13 del TFUE, o tratado de Lisboa, impone a los Estados Miembros la obligación de tratar a los animales como seres que sienten (seres sintientes), dentro de los diferentes desarrollos legislativos internos de cada uno. Es decir, los animales no son meras cosas, cuyo bienestar se persigue únicamente por el sentir de la sociedad. Se plantea un precedente jurídico válido que invocar y, en virtud del cual, legislar.

A ello debemos añadir la ratificación por el Reino de España del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, que se hizo en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, en el que obliga a los Estados firmantes a acordar, entre otras medidas, sin perjuicio de las correspondientes reservas que cada uno pudiera llevar a cabo, la prohibición del corte de colas y orejas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nace el Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha, del que estamos hablando, el cual, pese a incluir y tener en cuenta las novedades comentadas, comete, entre otras equivocaciones, la de excluir a los animales que participen en actividades cinegéticas del ámbito de aplicación de la norma, mientras se encuentren participando en ellas.

 ¿Quién se supone que las redacta?

La nueva norma la redactan técnicos veterinarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, habiendo sido ellos mismos quienes resolvieron las alegaciones efectuadas al primer borrador.

¿Hay alguna base científica que excluya a los perros de caza de la especie canina y por tanto de la protección de su bienestar?

No. La única fundamentación es dar respuesta a las alegaciones y exigencias del colectivo cazador. Según pudimos comprobar el día 22 de mayo en Toledo, en el Seminario en torno al Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, la única fundamentación descansa en que los cazadores no se enfrenten a posibles sanciones por las lesiones que pudieran sufrir sus animales en la práctica de la caza, máxime, teniendo en cuenta que, según el nuevo texto, se establece la obligación de titulares o poseedores de los animales a cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar.

¿Tenemos cifras sobre los costes generados por el abandono y cría descontrolada de perros usados en la caza? ¿Y de los accidentes?

Los únicos registros oficiales que conozco son los destinados por las Administraciones Públicas a la recogida, atención y depende el lugar, sacrificio, de los animales abandonados. Cada ciudadano puede saber cuánto se destina en su municipio a esta labor consultando los presupuestos

Por desgracia, no existe una diferenciación dentro de esos presupuestos de lo que supone, específicamente, la atención de los perros de caza desechados, extraviados o maltratados.

 Por otro lado, uno de los estudios más fiables es el de la fundación Affinity, el cual refleja que, en 2017, fueron abandonados en España 104.447 perros, de los que 18.258,11 (un 13%) provenían de la caza. Debemos tener en cuenta que son datos aproximados que no reflejan la totalidad de los casos.

Desgraciadamente, es prácticamente imposible determinar el coste que supone a protectoras y asociaciones la atención que prestan a los animales que sufren las consecuencias de la caza.

En cuanto a los accidentes, según Ánima Naturalis: “En la última década han fallecido practicando la caza cerca de trescientos cazadores. Según un artículo publicado en Federcaza y los cálculos publicados en el portal agentesforestales.net, la media anual de muertes es de entre 44 y 54,5 (extrapolando los datos obtenidos desde las estadísticas de Mutuasport), y el número de personas heridas al año como resultado de esta afición es -según estas mismas fuentes- de entre 2.585 y 5.282. Así pues la caza pone en peligro no sólo a los propios cazadores sino también a otros usuarios de nuestros campos y montes”

¿El volumen de negocio vinculado a la caza justifica lo que parecen ciertos privilegios?

La respuesta es SÍ. Ha quedado acreditado que la actuación de Administración de Castilla- La Mancha, dista de ser objetiva e imparcial, en lo que tiene que ver con el bienestar animal. Recientemente, el 21 de septiembre de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región, con sede en Toledo, ha dictado una Sentencia en la que dice textualmente: “La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

Fuente:  Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 02003330022017100687

Estos privilegios, en este caso, se materializan, entre otras, en la aceptación de alegaciones como la relativa a la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de los animales que participen en actividades cinegéticas, durante la duración de las mismas.

La caza es una actividad en retroceso que ya no se justifica como modo de supervivencia sino como deporte. Los propios cazadores hablan que los furtivos son los culpables de muchas de las críticas que recibe esta actividad. ¿Pueden los furtivos tener rehalas o jaurías, es decir, grupos de más de 20 perros chipados, vacunados, desparasitados, en instalaciones adecuadas con núcleo zoológico y con atención veterinaria adecuada?

Cualquier persona, se dedique profesionalmente o no a la actividad de la caza, podría tener, siempre que se cumplieran con los requisitos administrativos correspondientes un número de animales como el mencionado. Cosa distinta es el uso que se le diera a esos animales.

Según la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, las rehalas deben estar registradas. Asimismo, para el empleo de rehalas, es necesario estar en posesión de licencia especial expedida por los Servicios Periféricos u oficinas comarcales de dichos Servicios Periféricos.

Desde mi punto de vista, deberían ser ellos, los que de forma activa denuncien a aquellas personas que practiquen la caza de un modo furtivo, cuando tuvieran conocimiento, ya que son quienes mejor conocen o deberían conocer la normativa al respecto y los daños que causan a la imagen de esa actividad.

¿Por qué hay tanta diferencia entre las cifras manejadas por las asociaciones y las oficiales?

Mi opinión es que la diferencia entre unas cifras y otras tiene su origen en que en muchas ocasiones las protectoras no denuncian la totalidad o al menos una parte importante de los animales que encuentran.

Sin esas denuncias, la administración no tiene constancia de esos casos y, por tanto, no aparecen en las estadísticas.

¿Qué pasa con la identificación obligatoria? ¿Y con la esterilización? ¿Las cifras de abandono y maltrato son un lujo que pueden permitirse los manchegos?

La obligación de identificar ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Cosa distinta es que la administración cuente con los medios o la voluntad suficientes para llevar a cabo las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de esa obligación y la imposición de las correspondientes sanciones.

Por el contrario, la esterilización no se encuentra entre las obligaciones de los propietarios o poseedores de los animales. De aprobarse la norma tal cual se encuentra redactado el segundo borrador, se estaría perdiendo una muy buena oportunidad para endurecer los requisitos para ser criador. Debemos tener en cuenta que hay criadores profesionales pero también hay particulares que llevan a cabo esta práctica sin control y dando como resultado, en ocasiones, al abandono de animales.

La administración no puede asumir el coste de tratar éticamente a todos los animales que son atendidos por las asociaciones de nuestra Región. Gracias a ellas, su generosidad y dedicación, y por supuesto, al dinero que altruistamente reciben, se pueden atender, no sin dificultad, a ese gran número de animales.

 

¿En qué pueden basarse para no implantar el CES como modo de gestión de población cuando es el método validado por todos los expertos mundiales?

Es curioso. Los cazadores dicen amar a los animales y yo no lo pongo en duda. Sin embargo, respecto al control de colonias felinas, en sus alegaciones al primer borrador, únicamente se opusieron a esa práctica por considerarla muy cara, sin dar ninguna alternativa.

Por el contrario, la argumentación que se dio por parte de los redactores de la Ley, es que con el texto actual caben más métodos aparte del CES. En definitiva, abren la posibilidad de aplicar otros métodos éticos y efectivos.

Debo decir, que, a día de hoy, no conozco ningún otro método efectivo para el control de la población de las colonias felinas en las ciudades.

¿Quiénes están presentando batalla para racionalizar estas las leyes?

Entre otros muchos, todas aquellas asociaciones y entidades compuestas por gente cansada de tener que vivir con la impotencia de no poder hacer más por animales que se encuentran sufriendo como consecuencia de una normativa poco concreta y desactualizada.

Por otro lado, cada vez más veterinarios que comienzan a entender que su ciencia, más allá de buscar el tratamiento de los animales como un beneficio para la salud de las personas, supone el tratamiento de aquellos como un fin, evitándoles sufrimientos y buscando su bienestar.

Además, los juristas que hemos tomado conciencia de qué si no paramos la fuente principal del maltrato, éste se perpetuará.

Es duro decirlo, pero no se consigue un cambio significativo sacando animales de las calles, si ello no va acompañado de actuaciones tendentes a poner fin a la razón por la que ese animal estaba en situación de abandono.

¿Cómo puede La ciudadanía local y comprometida mantenerse informada y colaborar?

Cada vez son más los medios de comunicación que dedican parte de su contenido a la concienciación y denuncia en relación a los animales.

Una buena manera de colaborar es acudir a la asociación que consideren y ayudar, como mejor consideren y sobre todo, trabajar por poner fin a la fuente del maltrato en este país, entre otras cosas, mediante la creación de nueva normativa más adecuada, convenios con ayuntamientos, denunciar, etc.

¿Consolidar los borradores presentados significa perpetuar la dependencia de las asociaciones rescatistas locales y extranjeras e incluso el tráfico de Galgos, podencos y bretones a otros países?

Sin ninguna duda. Creo que nadie mejor que las asociaciones rescatistas son las que mejor se pueden encargar de cuidar a los animales, pero necesitan el apoyo decidido de las administraciones, sobre todo locales, puesto que son las que tienen atribuidas gran parte de las competencias en la materia.

Sin embargo, con una cría incontrolada, que genera tal volumen de abandonos y necesidades de atención, es imposible que lleguen a dar un servicio completo, lo que genera que a esos animales tengan que buscárseles hogares en lugares con una cultura de adopción superior a la que tenemos en España.

¿Por qué decidiste dedicarte al derecho animal? ¿Está aumentando la conciencia global y la confianza en la judicatura?

Siempre digo esto, pero la verdad es que el derecho animal me buscó a mí y no al contrario. Mi primera clienta fue la Asociación en Defensa de los Animales Dejando Huella Albacete. Ésta apostó por mí y mi formación, la cual llevé a cabo con mi estimada compañera Raquel López Teruel, pionera en la materia.

Y como ocurre muchas veces, una vez que comienzas, no puedes parar. Dicen que el derecho animal es la única rama del derecho en la que sabes que tus clientes son inocentes. Por eso sigo dedicándome a esto.

Respecto a la conciencia global, es indudable. Las redes sociales y la cantidad de información que circula hacen que el maltrato sea mucho más visible y que, por tanto, aumente la repulsa y concienciación de una sociedad que se revela contra éste.

En cuanto a la confianza en la judicatura, he podido constatar que lo que ha existido hasta ahora ha sido falta de concienciación y sensibilización. También falta de conocimientos sobre cómo utilizar las herramientas existentes en beneficio de los animales.

La creación de esta conciencia y nuevo modo de actuar, ha sido gracias a pioneras del Derecho como mi compañera Raquel.  

¿Para acabar danos tres claves que mejorarían el futuro de los animales Castellano-manchegos?

            1º Restricción y mayor control de la cría, privada y profesional.

            2º Fomento de la esterilización.

            3º Creación de protocolos en materia de abandono y maltrato animal en el que se impliquen tanto administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad como las Fiscalías.  

 

Carlos Moreno-Manzanaro García-Calvillo

Los animales de Guatemala ya son «seres sintientes»

 

El pasado 2 de marzo, Guatemala dio un paso adelante importante convirtiéndose en referente en América Central en cuanto a la protección de los animales.

Después de años de trabajo, se consiguió aunar las tres Iniciativas de Ley que se trabajaban de forma separado en el texto definitivo de la Ley de Protección Animal, convirtiendo al país en el más avanzado de la región y uno de lo más avanzados del mundo.

La ley, que se aplica en la totalidad del territorio guatemalteco, significa un avance muy importante para los animales del país puesto que, por primera vez, pasan a ser considerados “seres sintientes” y se les confiere, por lo tanto, una protección especial a la altura de esta nueva categoría, que recientemente también se ha implementado en las legislaciones de otros países como Francia, Colombia y Portugal y que reconoce en los animales la capacidad de sentir sufrimiento y dolor, pero también alegría o miedo, capacidades hasta hace muy poco reservadas exclusivamente para los humanos.

La categorización de los animales como seres sintientes obliga al legislador a brindarles un tipo de protección que había sido desconocido hasta esta nueva generación de leyes aprobadas ya en el s-XXI; un nivel de protección mucho más acorde al conocimiento científico actual que el de las leyes aprobadas hasta hace poco. Es por esto que esta nueva ley se fundamenta en el respeto hacia los animales y no la mera propiedad de éstos y su tenencia responsable, sea cual sea la finalidad del animal en cuestión (compañía, servicio, producción, investigación o espectáculos).

Así, a partir de la aprobación de esta nueva Ley de Protección Animal, en Guatemala se prohíben las peleas de perros, el uso de drogas y otras sustancias que alteren las capacidades físicas y comportamentales de los animales que participan en eventos deportivos, el uso de animales en investigación para productos cosméticos y sus ingredientes, la entrada al país de circos extranjeros que tengan animales y la adquisición de nuevos ejemplares para los circos nacionales, la mutilación de cola, orejas y tercera falange en los animales de compañía y la zoofilia, además de todos aquellos comportamientos ampliamente reconocidos como maltrato como el abuso y castigo físico, la tenencia en malas condiciones o el abandono.

Guatemala es el primer país de América Central en aprobar una ley de protección animal tan vanguardista, y siendo un país de poco más de 15 millones de habitantes, se coloca en el grupo de países delanteros en materia de protección animal.

Artículo de Núria Murlà, Asesora jurídica en Murlà & Contreras abogados