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Denuncian la Generalitat por presunto incumplimiento de la normativa que protege a los perros de los cazadores

Las entidades FAADA, Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Fundación Fauna, ADDA, DEPANA, AVDA y Lex Ànima, denuncian a la Dirección General de Medio Natural y Biovidersitat de la Generalitat de Catalunya.

Después de que el 30 de abril de 2020 se aprobara el incremento de los importes de las sanciones reguladas en la Ley de Caza en el ámbito territorial de Cataluña a través de la publicación de la Ley 50/2020, de 29 de abril , de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, el colectivo de cazadores, a través de sus asociaciones y federaciones, denunció públicamente que esta modificación se había aprobado sin consultarlos. Como respuesta a este hecho, inmediatamente anunciaron una huelga indefinida.

La reacción, tanto del Departamento de Territorio y Sostenibilidad como el de Agricultura y Ganadería fue mantener diversas reuniones con el colectivo para «aclarar el régimen de infracciones existentes y modular, en caso necesario, aquellas que hayan podido quedar desproporcionadas» tal como se reconocía en la carta enviada por el Muy Honorable Presidente Quim Torra i Pla al Presidente de la Federación de Caza.

Paradójicamente y de forma inaudita, las peticiones de reunión que desde las entidades en defensa de los animales y la naturaleza se realizaron en la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, no sólo no fueron atendidas sino que, sin ninguna justificación, desde la Generalitat de Cataluña, se extendían nuevos privilegios al sector de la caza, en este caso a través de unas instrucciones firmadas por el Director General del Cuerpo de Agentes Rurales y por el Director General de Políticas Ambientales del Medio Natural, en los que se reinterpreta la normativa de caza de manera contraria a la Ley para dar más privilegios al colectivo. Tanto es así que, estos dos documentos, que suponen una reinterpretación de la normativa que no garantiza el bienestar de los animales y que contradice la legalidad vigente, se hicieron llegar al cuerpo de agentes rurales encargados de hacerla cumplir a través de la levantamiento de actas por infracción.

Así pues, los documentos hacen una interpretación de la normativa vigente que, lejos de prevenir el abandono y la tenencia irresponsable de animales utilizados para la caza, beneficia el colectivo en este sentido:

  • Se permite mantener hasta 20 perros de más de 8 meses y un número indeterminado de cachorros sin necesidad de estar inscritos en el registro de núcleos zoológicos. Esta interpretación contraviene el fin de asegurar la protección y el mantenimiento en condiciones adecuadas de los animales acogidos en centros como perreras deportivas, centros de cría, residencias o refugios tal como indica la propia Orden del 28 de noviembre de 1988 del Departamento de Agricultura , Ganadería y Pesca, para la creación del registro de núcleos zoológicos. Como resultado los perros se encontrarán en lugares que no tendrán la obligación de contar con las condiciones mínimas (sanitarias, ambientales, etc.) exigidas a los núcleos zoológicos en Cataluña y tampoco se podrá ejecutar el control sobre el estado de bienestar en el que se encuentran los animales en estos lugares.
  • Permiso para utilizar perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en las batidas, cuando la ley que regula su tenencia no permite que en espacios públicos circulen sin bozal o con correa de más de 2 metros.
  • Se hace una interpretación de lo que se considera maltrato animal y de lo que no, adaptada a los perros utilizados para la caza.
  • Se permite la amputación de orejas y colas «por motivos científicos o de manejo» justificándolo con informes veterinarios que apoyen esta práctica que ha sido prohibida por el Convenio Europeo sobre la protección de los animales de compañía firmado por España 2015.

Las organizaciones consideran que realizar una interpretación jurídica contraria a la Ley y remitirla a aquellos que lo han de hacer cumplir, podría ser susceptible de delito ya que con su actuación, está generando un grave perjuicio en el bienestar animal y en la persecución de ilícitos administrativos o incluso penales.

Por este motivo, las entidades se han unido para denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona estos hechos que consideran muy graves. Al mismo tiempo reclaman que la Generalitat desestime estos privilegios que ofrece unilateralmente a un sector que de forma reiterada manifiesta una falta de sensibilidad en el uso de perros, una gran amenaza para la fauna y la gestión sostenible del medio natural así como la peligrosidad que también representa para las personas. Recuerdan que el pasado 2020 ha habido 605 víctimas de las que 51 han muerto en España como consecuencia de la actividad cinegética.

Las organizaciones en defensa de los animales y la naturaleza de Cataluña afirman con contundencia que las actuaciones del Departamento de la Generalitat no son ecuánimes, pues favorecen, una vez más, el sector de la caza, perpetuando una trayectoria repetitiva que vuelve a quedar al descubierto de una manera rotunda. Este actitud de favoritismo, contradice el sentido popular de la inmensa mayoría de la población y el sentido de justicia e independencia. La bajada importantísima que han tenido las licencias de caza en Cataluña en los últimos tiempos es la más clara evidencia. Piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue y actúe con diligencia para evitar que desde la Generalitat se contradiga la normativa vigente que protege los animales.

El Ayuntamiento de Barcelona rectifica y mantendrá la convocatoria general de subvenciones a las entidades animalistas

La presión animalista, en la que ha participado Animalados dando voz a las entidades de defensa animal, ha conseguido hacer rectificar el Ayuntamiento de Barcelona, ​​que mantendrá la convocatoria general de subvenciones.

La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que mantendrá la convocatoria general de subvenciones a las entidades animalistas: «Ante la voz de alerta que han dado las entidades animalistas, he hablado con la responsable, Laia Bonet, y me ha aclarado que finalmente se mantendrán las ayudas a esta actividad «.

La rectificación desde el Ayuntamiento de Barcelona llega tras un importante movimiento del sector animalista de la ciudad Barcelona donde ha estado presente Animalados dando voz a las entidades de defensa animal.

Hasta 33 entidades animalistas se organizaron para dirigir una carta abierta a la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, donde mostraron su malestar por la decisión del consistorio de suspender las ayudas dirigidas al bienestar animal. En este comunicado, las entidades pidieron una reconsideración de esta decisión del gobierno municipal.

Mediante la carta abierta, las entidades también recordaron al Ayuntamiento de Barcelona que realizan un servicio público desde la gestión cívica. «Este es un trabajo gratuita del tejido de organizaciones y activistas que gestionamos tareas tales como el rescate de los animales en situación de maltrato, la recogida de animales abandonados, campañas de adopción y sensibilización, gestión de colonias felinas… En definitiva, una tarea que debería recaer 100% sobre la gestión pública y que, sin embargo, se está desarrollando a través de un enorme entramado de ciudadanos de forma gratuita, pero a la vez profesional y metódica», explica la Fundación FAADA en un comunicado.

La teniente de alcalde, Laia Bonet, en la Comisión de Presidencia celebrada este mismo miércoles aclaró que «hacer política es priorizar. Lo que hemos hecho es reordenar 160.000 euros en subvenciones específicas a las entidades que gestionan las colonias felinas, porque estos servicios durante la pandemia fueron considerados esenciales, y por tanto, los hemos querido mantener. Obviamente, esta decisión impide reconocer también las campañas de sensibilización y promoción de muchas entidades que ahora no tienen su espacio».

Laia Bonet añadió en su intervención que «el presupuesto de las subvenciones del 2021 está condicionado por diez meses de pandemia, por este motivo, desde el Ayuntamiento hicimos una redistribución del presupuesto con el objetivo de crear un frente Covid para atender emergencias sociales y sanitarias. Obviamente, si fuera posible, soy la primera que quisiera duplicar o triplicar las subvenciones dirigidas al bienestar animal, pero hemos tenido que priorizar».

Afortunadamente, después de la presión de las entidades animalistas el gobierno de Ada Colau ha rectificado y se ha comprometido a recuperar las subvenciones a las organizaciones encargadas de la protección animal en una ciudad que el gobierno municipal sigue definiendo como una «Barcelona que ama los animales».

Consternación entre las entidades animalistas por la supresión por parte del Gobierno municipal de las ayudas dirigidas al bienestar animal

Las entidades animalistas de Barcelona han mostrado su profunda indignación y consternación después de que el Gobierno municipal de Ada Colau haya suprimido de la convocatoria general de subvenciones las ayudas dirigidas al bienestar animal.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha disparado un tiro en el pie. A comienzos de semana publicamos en Animalados la decisión del Gobierno municipal de eliminar de la convocatoria general de subvenciones las ayudas dirigidas al bienestar animal. Una medida que ha sorprendido y enfurecido a las organizaciones de protección y defensa animal, que ven como el consistorio, con sus propias decisiones, desprecia y destruye el ideal de una «Barcelona amiga de los animales».

Animalados ha hablado con varias entidades animalistas que han mostrado su malestar por esta decisión del Gobierno de Barcelona. Un sentimiento de indignación y desprecio que se extiende y comparten prácticamente todas las organizaciones de protección y defensa animal de la ciudad.

«Desde las entidades de protección animal de Barcelona y como miembros del Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los Animales, estamos consternadas por la decisión del Ayuntamiento de suspender la línea de ayuda a las entidades de bienestar animal de la convocatoria anual de subvenciones para el 2021», declara Carla Cornella, presidenta de la Fundación FAADA.

Cornella recuerda que «las organizaciones ya tuvimos que asumir un recorte del 40% en la convocatoria de 2020 y ahora tenemos que afrontar la supresión total de esta ayuda. Es imprescindible considerar que el Ayuntamiento tiene la competencia y la responsabilidad en la gestión de la protección de los animales de Barcelona y que desde las entidades de la ciudad trabajamos cada día del año asumiendo una parte de esta gestión».

En cuanto a FAADA en particular, al menos se verá afectada la campaña «Soy Responsable», un proyecto que tiene el objetivo de identificar y esterilizar el máximo número de animales posible para reducir el abandono en Cataluña, donde cada año se recogen más de 30.000 animales desamparados, un promedio de cuatro animales cada hora.

Marta Gumà, presidenta de DEPANA, afirma que «la decisión del Ayuntamiento de suprimir las subvenciones nos afecta. Las ayudas recibidas en los últimos años ya eran miserables de por sí, pero la supresión total de esta provoca que no podamos desarrollar del mismo modo nuestro proyecto «De dónde vienen las tortugas», un taller educativo que trabaja para una mayor implicación de las Administraciones en las problemáticas asociadas al comercio de fauna exótica. La sensación es que, a la hora de la verdad, el medio ambiente y la protección de los animales no es importante para el Gobierno municipal «.

DEPANA inició en 2014 un proyecto educativo llamado «De dónde vienen las tortugas», dirigido a los escolares de los últimos cursos de educación primaria y primeros de la ESO. Este proyecto, tal como explica la directora de la entidad «nació con el objetivo de sensibilizar y concienciar a nuestros niños y jóvenes sobre la grave problemática que supone la tenencia de animales exóticos como mascotas».

Marta Gumà comenta que «a pesar de la supresión de las ayudas por parte del Ayuntamiento, intentaremos seguir adelante con nuestro proyecto educativo que tan buen resultado y satisfacción ha dejado en los centros educativos en los últimos años. Se nos rompe el corazón si tenemos que decir en las escuelas que no podemos continuar haciendo el taller este año. Intentaremos asumir los costes de nuestro propio presupuesto y tendremos que hacer buena parte del proyecto desde el voluntariado».

Carmen Méndez, presidenta de ADDA, considera que «la decisión del Ayuntamiento pone en evidencia un claro retroceso y desinterés por parte del Gobierno municipal que niega así el compromiso asumido a través de una declaración municipal de «Barcelona amiga de los animales». Además, discrimina un sector de las entidades, y no puede justificarse por el hecho de la situación actual de la pandemia, teniendo en cuenta que ya en el anterior ejercicio -y sin rastro de la COVID- ya rebajaron drásticamente en un 40% las ayudas a todas y cada una de las entidades, sin ningún tipo de explicación».

Además, Méndez añade que «si se analiza el servicio social que el sector animalista viene desarrollando de forma voluntaria desde sus inicios y se compara con el listado conjunto, con muchas de las subvenciones que el Ayuntamiento destina para otros fines asociadas por ejemplo al entretenimiento, es evidente que hay un agravio comparativo «.

En cuanto a ADDA en relación con esta subvención, su presidenta detalla que «desde su inicio siempre ha sido focalizada en una campaña continuada de concienciación muy visible y de forma conjunta, con otra educativa y de sensibilización en las escuelas, facilitando abundante material gratuito a numerosos centros educativos. A la vista de esta decisión es probable que tengamos que cancelar el proyecto o revisar la posibilidad de su continuidad sin mención de la administración».

Las victorias animalistas de 2020 y las asignaturas pendientes para el 2021

La gestión ética para el control de especies invasoras, la instalación de cámaras de vigilancia en los mataderos y la creación de la primera Dirección de Protección Animal del Estado Español son algunas de las victorias animalistas logradas a lo largo del 2020.

Finalizamos un año 2020 oscuro, marcado por una indeseada pandemia que ha causado un daño irreparable en las personas y los animales. Sin embargo, el coronavirus no ha privado a la sociedad de seguir dando pasos firmes hacia un mundo más animalista, aunque también es cierto que queda mucho camino por recorrer. Desde Animalados hemos hablado con tres expertas en materia animal para resumir las victorias animalistas de 2020 y detectar las principales asignaturas pendientes para el 2021.

Carla Cornella, directora de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), destaca como victoria animalista que: “El Tribunal de Justicia de la UE confirma el derecho de los Estados miembros a poder prohibir el sacrificio de los animales sin aturdimiento previo, hecho que obliga sin excepción el sacrificio con aturdimiento en los ritos religiosos musulmanes y judíos. España deberá imponer medidas al respecto”.

FAADA también valora como un gran objetivo cumplido que: “En España algunas comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza, han aprobado un plan de gestión ética para el control de especies invasoras como los cerdos vietnamitas, evitando así su sacrificio. En el sector de la venta de animales en España, señalamos que el Gobierno da los primeros pasos para regular el comercio y la tenencia de animales exóticos que permitirá la comercialización solamente de algunas especies y prohibirá la gran mayoría”.

Finalmente, Carla Cornella cita como triunfo importante que: “La nueva Ley de Educación española incorpora la empatía hacia los animales en el currículum de enseñanza obligatoria. Por primera vez, entre los fines del sistema educativo se incluye la formación en valores que favorezcan el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales como estrategia de prevención de conductas violentas en el aula”.

Cristina Bécares, abogada especializada en Derecho Animal y asesora de entidades y asociaciones en defensa de los Derechos de los Animales, considera que: “Lo más positivo del año 2020 son todos los cambios legislativos que se han iniciado durante este último año, como el proyecto que obligará a instalar cámaras de vigilancia en los mataderos, el que regulará los núcleos zoológicos o la futura ley de protección de los animales a nivel estatal, entre otros. Poco a poco vemos que se van produciendo pequeños cambios que contribuirán a mejorar el bienestar y la protección de los animales”.

En una misma línea se encuentra Marta Legido, veterinaria clínica y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, quien remarca que: “La mejor noticia animalista del 2020 es la creación de la primera Dirección de Protección Animal del Estado Español”. Este nuevo alto cargo se dedicará a proteger a los animales y a supervisar cualquier medida política desde el punto de vista de los derechos de los animales.

Una lista de tareas pendientes para el 2021

Carla Cornella considera que: “El mayor reto que necesitamos abordar con extrema urgencia es cambiar radicalmente la manera que tenemos de relacionarnos con los animales, tanto para garantizar sus derechos y su bienestar como para prevenir el flujo constante de futuras enfermedades virales que pasan de los animales a los seres humanos causando gran devastación como el COVID-19”.

Desde FAADA también apuntan que: “La destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, promovida en gran medida por la ganadería intensiva, el uso y consumo de animales de granja de forma intensiva y la explotación de la vida silvestre unidos a los efectos del cambio climático, generan la aparición de pandemias zoonóticas, por ello es preciso cambiar de raíz las políticas actuales y acompañar a las empresas a reconvertir dichas actividades que dañan a los animales, el medio ambiente y en consecuencia la salud de las personas”.

Por último, la directora de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales destaca que: “Es imprescindible que en 2021 se promuevan políticas públicas efectivas que permitan reducir considerablemente la dieta basada en productos de origen animal con el fin de fomentar una alimentación más consciente y sostenible”.

Cristina Bécares reflexiona que: “Una de las tareas pendientes es la necesidad de revisar la Ley de los llamados perros potencialmente peligrosos, una ley que se redactó hace muchos años y en un contexto determinado. Además, mantengo mi reivindicación anual, pienso que es necesaria la formación y educación en materia de respeto a los animales desde todas las escuelas, considero que es muy importante formar a los niños de hoy en valores y respeto a todos los animales, humanos y no humanos”.

La vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona Marta Legido, por su parte, opina que: “La principal tarea pendiente para el 2021 es hacer todos los esfuerzos posibles para orientarnos hacia el abandono cero de los animales de compañía. Soy una persona muy realista y hace más de treinta años que sufro por la gran cantidad de animales abandonados que hay en los Centros de Acogida, una cantidad que no disminuye. De todas formas, me parece importante destacar que parece ser que la crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado que la sociedad valore más a los animales de compañía y consecuentemente se han abandonado menos animales”.

¿Por qué sale prácticamente gratis maltratar animales?

El pasado mes de agosto vivimos el desgarrador caso de maltrato animal sufrido por un perro en el municipio lanzaroteño de Teguise. El can, llamado Timple, murió tras ser amordazado y asfixiado por dos personas que, a pesar de la gravedad de los hechos, fueron condenadas a tan solo cuatro meses de cárcel y dieciséis meses de prohibición para la tenencia de animales.

La historia de Timple consiguió una gran repercusión mediática y conmovió de manera especial a los propios vecinos de Teguise. Decenas de habitantes del municipio canario, acompañados por asociaciones protectoras de Lanzarote, acogieron una emotiva despedida para el perro bajo el lema “Que su muerte no haya sido en vano y se consiga cambiar la Ley de Protección de los Animales”.

Lamentablemente, el espeluznante caso de Timple no corresponde a un suceso aislado de maltrato animal dentro de la sociedad española. La realidad es que existen numerosas historias en las que se ha producido un delito por maltrato, los culpables son condenados y el castigo ha sido excesivamente nimio. Desde Animalados hemos hablado con dos expertas en derecho animal para profundizar sobre este tema.

«Cada vez son más visibles los casos de maltrato animal»

Cristina Bécares ejerce como abogada especializada en Derecho Animal, Derecho de Familia y Derecho Penal. Ha participado en numerosos casos de maltrato animal, algunos de ellos muy relevantes como el asesinato de Benito, un perro de Bilbao que murió estrangulado y pisoteado a los cinco meses de ser adoptado. Cristina tiene muy claro que “la historia de Timple ha sido terrible y la condena impuesta a los responsables ha sido mínima”, eso sí, considera que “este caso ha servido para dar visibilidad a la realidad que se vive en los juzgados”.

Para la abogada catalana, unos de los principales problemas es que “en muchos casos de maltrato, la voz del animal queda únicamente defendida por parte del Ministerio Fiscal”, algo que sucede debido a que “en este tipo de episodios con animales, normalmente no hay una acusación particular o popular y, consecuentemente, el único que pedirá pruebas y acusará será el propio Ministerio Fiscal”.

Sobre la condena impuesta a Timple, Bécares afirma que “corresponde con lo que prevé la legislación actual”, ahora bien, “no hace ni mucho menos justicia a los hechos cometidos por los condenados”. Para la experta en derecho animal, «el castigo podría haber sido superior en el caso que hubiera intervenido alguna acusación más allá del Ministerio Fiscal, pudiendo pedir la práctica de más pruebas y acusando por penas superiores”.

Cristina comenta que “la historia de Timple no es un caso aislado”, al contrario, “cada vez son más visibles los casos de maltrato animal y tienen más presencia en los juzgados que años atrás. Durante el año 2019 se incoaron 1090 procedimientos judiciales por delitos de maltrato animal en todo el Estado, algunos están a la espera de sentencia y otros, como ha pasado con Timple, se resolvieron con juicio rápido”.

La licenciada en derecho explica que «desde la Asociación DAP (Defensa Animal Profesional), una asociación formada por abogados y profesionales creada en 2017, se están personando en procedimientos judiciales relacionados con delitos de maltrato animal”. El objetivo principal de esta acción es “poder pedir medios de prueba para conseguir acusar pidiendo las máximas penas de prisión, evitando así el archivo de los casos o situaciones como las de Teguise”.

Bécares considera que el único problema no es que las sentencias por maltrato animal sean flojas, sino que “el marco legal que tenemos actualmente, prevé penas de prisión entre 3 meses y un día en un prisión en el tipo básico, y en el peor de los casos de entre 6 y 18 meses en casos de resultado de muerte, como pasó con Timple. Este hecho, junto a la falta de acusaciones más allá de la Fiscalía, provoca que en muchas ocasiones encontremos sentencias mínimas o absoluciones”.

Finalmente, Cristina Bécares nos dice que “hace falta modificar nuevamente el Código Penal para que haya un endurecimiento real de las penas por maltrato animal”. A la vez, considera que actualmente “existen propuestas interesantes como la presentada desde INTERCIDS, para promover la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de manera que siempre que haya un caso de maltrato animal en la vía penal, se active la designación de un abogado del turno de oficio para defender los intereses del animal-víctima”.

“Los delitos por maltrato animal están penados a la baja»

Anna Estarán es Abogada Especialista en Derecho Animal y Coordinadora del Área Legal de la Fundación FAADA. Para ella el caso de Timple “no es único, pero ha tenido más repercusión mediática”, un hecho que considera “necesario para visibilizar estos casos de gran crueldad que por desgracia nos estamos encontrando diariamente”. Sobre la condena Anna comenta que “fue una conformidad con la fiscalía porque no había acusaciones personadas y, por tanto, se negoció una pena baja. Bajo mi punto de vista, el castigo fue muy flojo teniendo en cuenta la crueldad de los hechos”.

Estarán dice que “por desgracia los casos de maltrato animal son habituales y cada día nos llegan casos de animales en los balcones, maltrato por omisión que consisten en no dar agua, comida o atención veterinaria, agresiones físicas… Recientemente nos hemos personado en un procedimiento como acusación popular, en el que el propietario de un perro, junto a otra persona, lo torturó hasta matarlo y lo grabaron en un video”.

Desde el punto de vista de la Coordinadora del Área Legal de FADDA, “los delitos por maltrato animal están penados a la baja. Para empezar, el Código Penal recoge el maltrato “injustificado” a un animal, la cual cosa ya demuestra un error de base, ya que no hay maltrato justificado. No se le da la debida importancia a este tipo de delitos, esto es a causa de la consideración que se tiene de los animales en la sociedad, donde se les ha utilizado como simples objetos. Sin ir más lejos, los animales de granja son sistemáticamente torturados y usados para alimentar”.

Sobre la posibilidad de un endurecimiento de las penas por maltrato, Anna afirma que “actualmente la sociedad es más empática con los animales y reclama derechos para ellos. Esto provocará que los estamentos políticos busquen dar respuesta a la necesidad de la población y se acabe reformando el Código Penal”.

Para acabar, Anna considera que la creación de la Dirección General de Derechos de los Animales “es un gran paso, pero a nivel práctico ve complicado que pueda llevar a cabo todo lo necesario para una mejor situación de los animales. Es una dirección que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero poco tiene que ver con animales y no dispone de personal funcionario”.

A pesar de ello, Anna Estarán confía en la palabra del director Sergio García, quien se comprometió públicamente a cambiar el estado jurídico de los animales. La abogada cree que “es urgente la aprobación de una Ley Marco de Protección Animal, una Ley de Tenencia de Perros, como en Italia, eliminar la ley de los perros considerados potencialmente peligrosos y una modificación del Código Penal que incluya, entre otros, los animales que viven en libertad, el aumento de penas de cárcel y perfilar cuestiones de la redacción actual que no se tuvieron en cuenta a nivel práctico”.