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Corpulento, Potencialmente Peligroso y agresivo, son tres conceptos distintos

 

Recientemente un titular encendía los ánimos de la comunidad animalista. “Perros agresivos colman la protectora de ”. Obviamente más allá de ese espantoso panorama que dibujaban estas seis palabras había que averiguar las circunstancias. La redactora se había puesto al servicio del denunciante de la situación sin contextualizar la carga de realidad ni prever las consecuencias de su contribución a la toxicidad informativa que recae sobre estos individuos. Básicamente desde varias asociaciones se lamenta la sustitución del epíteto legal potencialmente peligroso por el de agresivo (más breve pero mucho más inexacto.

En el artículo se señala que el problema es este 25% de PPP cuando el conflicto real es el mantenimiento del alto porcentaje de perros abandonados (no extraviados): un 98%. Así pues el foco del problema no son este tipo de perros, sino las altísimas tasas de abandono, de delito contra los animales que se siguen cometiendo.

Un poco más adelante se comenta que se han rehabilitado tres perros dominantes. El concepto de dominancia está desterrado desde hace años del elenco de comportamientos posibles de los perros para los educadores caninos formados adecuadamente. El artículo básicamente retrata una entidad gerundense como víctima de contener perros feroces fruto del tráfico y venta por internet. ¿Qué favor se hace pues a los canes? Ninguno. Se nombran unas razas y sus cruces que son las que en el año 1999 se señalaron desde el Gobierno a pesar de no ser las protagonistas de más ataques ni diferir en peso, tendencias y estructura a otras razas que ni se nombran. La ley sobre los perros potencialmente peligrosos fue cuestionada desde el principio por expertos y aficionados y lamentablemente no ha servido para evitar ataques graves ni para evitar que estos perros sufran mutilaciones, adiestramientos que inducen a la indefensión, tráfico, robos y muerte.

Se apuntan también tímidas medidas esperanzadoras, se habla de una prueba piloto y de unos perros muy concretos. Tenemos constancia de que una actividad cotidiana y bien realizada transforma la frustración tras los barrotes – la que tendría cualquier animal social recluido injusta e inapropiadamente- en equilibrio, afabilidad y simpatía durante los paseos o tras la adopción. La Associació per a la Protecció dels Gossos Potencialment Perillosos hace años que realiza con gran éxito actividades que demuestran la gran capacidad de resilencia de estos perros. Muchos de ellos, de razas fuertes, y conductualmente nada peligrosos, en muchos casos comparten jaula en el Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona. Es el mal manejo y la falta de recursos formativos y materiales lo que lleva a mal interpretar señales y a imponer etiquetas erróneas. Tampoco los medios de comunicación generalistas ayudan mucho a facilitar el conocimiento de la realidad de estos perros que en la mayoría de los casos impresionan por su corpulencia. En nada contribuye que se les asocie comúnmente a segmentos poblacionales que ven en su aspecto el “arma” disuasoria perfecta.

No hay una legislación idónea en el mundo que solucione mágicamente el problema del maltrato y explotación de perros. Aunque la hubiera las lagunas en su aplicación y la falta de altavoces adecuados para su conocimiento general le restaría eficacia. Animalados nació con vocación de ofrecer información veraz y asequible para combatir los errores que restan bienestar a nuestros compañeros peludos. Y desde Animalados os invitamos a profundizar sobre las diferencias entre agresividad, perro potencialmente peligrosos y perro corpulento potencialmente besucón

 

Emma Infante

Dos responsables de la Protectora de Animales de Torredembarra, imputados por irregularidades en las instalaciones y en el personal

Medicamentos caducados, instalaciones con sobrepoblación de animales e inexistencia de los documentos exigibles. Éstas son algunas de las carencias halladas en la Protectora de Animales de Torredembarra por los agentes de la Guardia Civil durante las dos inspecciones realizadas al recinto después que la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona abriera una investigación por supuestas irregularidades encontradas en las instalaciones y también en el personal que las atiende. Según informa el Diari de Tarragona, la Fiscalía ha imputado el presidente y un vocal de la asociación Olescan, que gestiona la Protectora, y hoy han declarado por los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsificación de documentos. Inicialmente, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunciaron la situación ante el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat –la entidad que puede sancionar por la vía administrativa– y también al Ayuntamiento de Torredembarra. Pero a medida que avanzaba la investigación los guardias determinaron que la actuación de los responsables podría constituir una infracción penal, por lo que pusieron el caso en manos del fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, que abrió diligencias de investigación.

Los agentes detectaron en la protectora irregularidades, tanto en la salud de los animales como en el funcionamiento de las propias instalaciones. Así, carecían del libro de registro oficial, deficiencias higienicosanitarias y en la eliminación de los residuos, no acreditar la inscripción en los registros de núcleos zoológicos, no disponer las instalaciones de condiciones de bienestar adecuado, vulneración de las condiciones higiénicas a la hora de dar de comer a los animales, entre otras. Hace unos días, la Guardia Civil realizó una segunda inspección y constató que había habido una mejora (el número de perros había descendido considerablemente y ya no había prácticamente sobreexplotación). No encontraron ningún animal que estuviera enfermo, como sí había pasado en julio, cuando hallaron ejemplares con sarna o con leishmaniosis –una enfermedad incurable y crónica que el perro no transmite a los humanos ni a otros animales–. Sin embargo, los agentes volvieron a constatar una serie de irregularidades, como que no constaba el veterinario titular del centro, que no había fichas veterinarias realizadas, problemas en la eliminación correcta de residuos sanitarios y que el libro seguía sin actualizarse.

Los agentes encontraron medicamentos caducados desde hacía meses y los cadáveres de perros se hacinaban en el congelador, a la espera de que una empresa gestora autorizada en este tipo de residuos los recogiera. En un principio tendría que ser en un máximo de 24 horas: “No consta en ningún sitio la última vez que vino la empresa a recoger los animales”, comentaba al Diari de Tarragona el responsable de la investigación del Seprona. El pasado mes de noviembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza envió las diligencias preliminares a la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió diligencias de investigación. Por su parte, la Guardia Civil apunta que la investigación policial está a punto de finalizar. Una vez concluida se dará cuenta al Col·legi de Veterinaris, al que se solicitará información sobre si tenían conocimiento de los hechos y por si quiere personarse como parte interesada. Fuentes del mencionado colegio profesional indicaron  al diario tarraconense que no tienen constancia de que ningún veterinario colegial trabaje para dicha protectora de animales.

La protectora está gestionada en concesión por la asociación sin ánimo de lucro Olescan, encargándose de la recogida de animales domésticos en varios municipios de la demarcación –básicamente Alt Camp y algunos del Baix Camp–, aunque esta entidad también tiene presencia en varias localidades de Barcelona.  A raíz de las graves irregularidades observadas, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona, abrió una investigación, realizando varias inspecciones en los centros que gestiona Olescan en las localidades de Òdena, Moià, Sant Pere de Molanta y un centro veterinario de L’Hospitalet del Llobregat, y en la localidad de Torredembarra, detectando como práctica habitual que en alguno de estos centros se habrían realizado tratamientos veterinarios por personal no facultativo, así como la administración de vacunas y la expedición de recetas por personal no habilitado. Las inspecciones practicadas derivaron en más de treinta denuncias administrativas por irregularidades en los centro como carecer de libro registro de núcleo zoológico, la no identificación de los animales, colocación de chips por parte de trabajadores sin formación y el uso de vehículos no habilitados para la recogida de animales abandonados.