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Polémica por la nueva ‘mascota’ de la Guardia Civil

La imagen del jabalí atado con una correa ha llegado al senado

La Guardia Civil ha sido interpelada en el Senado por utilizar un jabalí como ‘mascota’ en uno de sus cuarteles en San Sebastián. La imagen, que ha corrido a través de las redes sociales, muestra el animal con una correa sostenida por un policía. La Guardia Civil, además, había realizado varias operaciones criticando el cautiverio de los jabalíes en varias de sus intervenciones. También se había mostrado muy dura con este tipo de prácticas a través de su cuenta oficial en twitter.

La polémica la ha dado a conocer Jon Inarritu, de EH Bildu. El Senador ha actuado ante esta contradicción y ha pedido información detallada sobre el caso. El Objetivo: saber si ha habido más casos similares, la procedencia del animal, las condiciones en las que se encontraba y el coste que su mantenimiento para el contribuyente.

La respuesta se ha dado a conocer a través de un comunicado del Gobierno en el que defienden que ésta es «una tradición» que se remonta a 1981 y que ha contado con «siete ejemplares» desde entonces. Una respuesta que no ha convencido a Inarritu, que les ha tachado de «hipócritas». Tampoco a muchos otros defensores de los derechos de los animales.

 

El senador vasco ha hecho pública la respuesta del gobierno en twitter y la ha acompañado de un comentario irónico, «#¿Noesunjuguete?«. El tweet hace referencia a las críticas que el cuerpo policial había hecho a personas que tenían jabalíes en cautiverio. Inarritu les ha acusado de utilizar el animal como un «juguete», las mismas palabras que la Guardia Civil había usado para denunciar otros casos.

El comunicado-respuesta que ha ofrecido el Gobierno en defensa de la Guardia Civil especifica el coste total de su mantenimiento, que habría sido de 260 euros anuales. Además, según el texto, el jabalí contaría con una superficie de unos 400m² para desplazarse.

El caso ha servido para poner de manifiesto algunas malas prácticas relacionadas con el jabalí, como su cautiverio ilegal. Sin embargo, este no es el único peligro que se encuentran estos mamíferos, ya que también se han denunciado cazas ilegales de hembras y crías. El control de población basado en la eliminación de jabalíes es otra amenaza que sufren. Los expertos aseguran que hay alternativas éticas, como las vacunas esterilizadoras para controlar la población de este animal.

La Guardia Civil no ha dado ninguna respuesta a la polémica a través de las redes sociales ni  ha comunicado ninguna intención de cambiar su «símbolo» en San Sebastián. Una decisión que tampoco ha gustado a quienes consideran que se debería dejar al animal en libertad.

Los animales, definitivamente en la agenda política

 

El próximo mes de diciembre cumplirá diez años la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), que agrupa a diputados, senadores y exparlamentarios de las Cortes Generales de todos los colores. A lo largo de esta última década hemos visto cómo la protección de los animales ha ido abriéndose paso en el debate político, a remolque de una sociedad que, por supuesto, ha ido por delante en un respeto creciente a los animales. Hoy podemos afirmar que las reivindicaciones en relación con los animales se han incorporado a la agenda política de forma definitiva. Queda mucho por hacer, por supuesto. Muchísimo, incluso. Pero por fin parece que estamos avanzando en la buena dirección.

La presente legislatura de las Cortes Generales, con un gobierno en minoría y en la que los grupos parlamentarios están obligados a alcanzar acuerdos, ha abierto grandes expectativas para avanzar en la legislación en favor de los derechos de los animales. Basta con repasar algunos ejemplos que se han producido en el primer semestre de este año:

Por unanimidad el pasado 14 de febrero el Pleno del Congreso de los Diputados emplazó al Gobierno a reformar el Código Civil para que todos los animales sean considerados «seres vivos dotados de sensibilidad» (expresión con la que se traduce la de «seres sintientes» que emplea el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 13). Si bien la proposición no de ley de Ciudadanos se limitaba a pedir la inembargabilidad de los animales de compañía, las enmiendas de PSOE, Unidos Podemos, PDECat y Compromís —presentadas a propuesta de la APDDA— permitieron acordar finalmente una transacción de todos los grupos mucho más ambiciosa y, lo más importante, que fue aprobada por toda la cámara.

Por otra parte, el Gobierno español decidió llevar a las Cortes —con 30 años de retraso, eso sí— la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Animales de Compañía, de 1987, tal como había reclamado la APDDA en una moción aprobada por unanimidad en el Senado en abril de 2015. Inicialmente el Gobierno pretendió establecer una reserva para que la prohibición de la mutilación del rabo en los perros no fuera de aplicación en España, pero, gracias al trabajo de los miembros de nuestra Asociación, una amplia mayoría del Congreso rechazó dicha reserva, lo que disuadió al propio PP, que decidió retirar su enmienda en el Senado, a pesar de contar en la cámara alta con mayoría absoluta, con lo que el Convenio fue finalmente ratificado sin reservas el pasado 10 de mayo y por unanimidad.

Esa misma semana, el 11 de mayo, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos, enmendada por el PSOE y apoyada por Unidos Podemos y los grupos minoritarios (solo se abstuvo el PP), en la que se instaba al Gobierno a elaborar «una Ley marco relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, acorde con la legislación comunitaria e internacional en la materia, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales y con respeto a la normativa dictada por estas Administraciones en el ejercicio de sus competencias», que contemplara una larga lista de exigencias: un banco de datos nacional de chips identificativos; control y supervisión a criadores y procedencia de animales en venta; prohibir animales en escaparates; concienciación contra el abandono y promoción de la adopción; prohibir el sacrificio de los animales abandonados; prohibir las mutilaciones de animales; prohibir el regalo de animales como recompensa o premio; un registro de infractores que constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales; y baremar en concursos públicos de servicios de recogida y albergue de animales las mejoras en el trato y fomento de la adopción y actividades de formación y concienciación.

Recientemente, el pasado 26 de julio, la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Congreso aprobó por asentimiento una proposición promovida por la APDDA, a instancias de la Fundación Darwin, y firmada por todos los grupos parlamentarios para prohibir el comercio y tenencia de primates entre particulares, así como permitir la tenencia sólo a instituciones, centros de rescate, refugios u otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas.

Tras la reforma del Código Penal de 2015, en la que, gracias a las enmiendas promovidas por la APDDA, se tipificó la explotación sexual de animales, parece que se va a abrir ahora una nueva oportunidad para continuar mejorando la persecución del maltrato animal. En este sentido, el PP ha presentado una proposición no de ley, pendiente de debatir en otoño, en la que reclama a su propio gobierno que reforme el Código Penal para endurecer la pena por maltrato animal en determinados casos, siguiendo la propuesta elaborada por el Colegio de Abogados de Málaga. Se propone un subtipo agravado del artículo 337 penado con un mínimo de tres años de cárcel, esto es, que implique efectivamente el ingreso en prisión, «para aquellos supuestos en los que el maltrato a los animales se ejecute de forma continuada en el tiempo, sobre un número elevado de animales ocasionando su muerte; así como aquellos supuestos en los que el delito se cometa por quien tiene la obligación legal o contractual de velar por el cuidado y el bienestar de los animales».

En apenas seis meses se ha hablado más de protección animal en las Cortes Generales que en toda nuestra historia. Sin duda, la defensa de los animales definitivamente se ha hecho un sitio en la agenda política. En estos momentos, todos los grupos del arco parlamentario compiten en presentar iniciativas y aceptan buscar acuerdos para avanzar en la agenda animalista. No peco de optimista si confío en que en esta legislatura puedan aprobarse sendas reformas del Código Civil y del Código Penal pensando en los animales. Y ojalá también se abra paso una ley marco de protección animal que eleve el nivel de protección en todas las comunidades autónomas. Me temo que otras cuestiones, como erradicar el maltrato animal de las fiestas populares o abolir la tauromaquia, nos llevarán algo más de tiempo. En todo caso, si conseguimos entre todos que vean la luz esas reformas legislativas sobre las que parece concitarse un acuerdo, habremos logrado que esta sea una legislatura histórica para quienes defendemos a los animales.

 

Chesús Yuste, coordinador APDDA

El PP rectifica y aprueba prohibir cortar la cola a los perros

Giro de 180 grados.  El grupo popular del Senado ha decidido finalmente dar marcha atrás y ha renunciado a enmendar el Convenio europeo de protección de animales de compañía, que prohíbe la amputación del rabo de los perros por motivos estéticos. Un convenio que fue ratificado por el Congreso el pasado 16 de marzo y que será aprobado hoy por el pleno de la Cámara Alta. Los conservadores presentaron a última hora un voto particular al dictamen que emitió el lunes pasado la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, que incluía una reserva del mismo PP que permitía cortar la cola a los canes. Es una de las dos únicas reservas a las que los países firmantes pueden acogerse para adherirse al Convenio, junto con la que estipula un mínimo de 16 años para poder comprar animales.

Los populares solicitan ahora «la vuelta al texto del Convenio remitido por el Congreso», lo que supone en la práctica una rectificación de la postura que hasta ahora había mantenido el PP, en consonancia con la posición del Gobierno. Si el pleno del Senado hubiera aprobado un texto sobre el convenio discrepante respecto al que acordó el Congreso, se habría generado una situación muy poco frecuente, aunque prevista reglamentariamente, y que obligaría a crear una Comisión Mixta Congreso-Senado constituida expresamente para resolver la cuestión. Y es que desde el 1985 no se aplica el artículo 146 del Reglamento del Senado para el caso de discrepancia entre algún tratado o convenio internacional. Esa comisión, de acuerdo con la Carta Magna, tiene que estar formada por igual número de diputados que de senadores y debe presentar un texto que votarán ambas cámaras, aunque en caso de votación discrepante «decidirá el Congreso por mayoría absoluta». Este proceso sólo habría demorado su aplicación, porque finalmente el convenio ratificado habría sido el que hubiera acordado el Congreso por mayoría absoluta y que prohibía cortar el rabo a los perros.

Los populares querían incluir una reserva que recordaba que hay otros países europeos, como Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal o la República, que también presentaron la misma excepcion al convenio. En el escrito inicial, el PP subrayaba que en España hay legislaciones autonómicas que prohíben la amputación y otras no mientras sentenciaba que «en todo caso, los veterinarios conservarán la libertad de decisión, caso por caso, sobre la forma de proceder». En el Congreso, solamente el PP y el PNB (Ciudadanos se abstuvo) habían votado a favor de cortar el rabo a los canes por la presión del lobby de los cazadores que se quejan que las heridas en las colas son muy difíciles de curar” aunque como recuerda Chesus Yuste, coordinador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), “no dicen que se las producen en las jaulas cuando se pelean entre ellos y no en el campo como defienden”. Todo parecía indicar, pues, que el PP haría valer su mayoría en el Senado para mantener la reserva de poder amputar el rabo a los perros, pero ahora saldrá adelante tal y com se aprobó en la Cámara Baja.

El Convenio europeo de protección de animales de compañía garantiza una legislación básica para el bienestar animal en los 47 estados del Consejo de Europa. Una aprobación que llega treinta años tarde porque se firmó en Estrasburgo en 1987 y desde entonces, 23 países lo han ratificado, la mayoría de ellos entre la década de los 90 y los 2000. España lo secundó hace dos años, pero su ratificación no se ha producido hasta este año. La aprobación se produce después que en la décima legislatura (2011-2015) la APDDA, organización que integra a parlamentarios de diferentes fuerzas políticas preocupados por la protección de los animales, presentara una proposición no de ley que fue presentada por el senador de ICV, Jordi Guillot, que la Cámara Alta secundó. Las amputaciones “no son prácticas inocuas” para los animales, ya que les “causan dolor, problemas crónicos de salud, les generan dificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad comunicativa” anota el diputado del Podemos y portavoz de Equo, Juantxo López de Uralde.

Artículo de Xavi Tedó