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¿Qué significa ser «perro de caza» en España?

Los perros destinados a la caza son los grandes olvidados para las Administraciones Públicas, sobre ellos se cierne el más cruento maltrato institucional que nos podamos imaginar a todos los niveles.

Existe una permisividad absoluta por parte del sistema hacia las más horribles salvajadas sobre estos animales, por no hablar del paso por alto de multiplicidad de infracciones administrativas, que van desde falta de las mínimas condiciones higiénico sanitarias de bienestar animal, inexistencia de chip en animales, inexistencia de seguros de responsabilidad civil ante animales denominados potencialmente peligrosos, que son utilizados como “perros de agarre”, venta indiscriminada y sin ningún tipo de control, y en el caso de que los animales estén chipados…chip identificativos a nombre de terceras personas e incluso de menores de edad…y para ello tiene que haber profesionales que permitan todo ello…

Ser perro de caza significa para unos estar 24 horas encadenado a un olivo a la intemperie haga frío o calor, llueva o truene, de día o de noche, para otros vivir en zulos insalubres sin ver la luz del día, alimentándolos días alternos para aumentar su agresividad ante una pieza de caza, ya si hablamos del alimento que reciben…en la gran mayoría de los casos son carne cruda proveniente de carnicerías sin ningún tipo de control ni autorización para alimentarlo a base de productos SANDACH (Subproductos de Origen Animal no destinados a Consumo Humano), donde, el que tiene suerte recibe al día un triste caparazón emborrizado de tierra.

Ser perro de caza significa ser un mero instrumento que cuando no sirven para ese fin, utilizan las formas más horrendas para deshacerse de él, desde tirarlos a un pozo, dejarlos morir de inanición, ahorcarlos, matarlos a golpes y tirarlos a un contenedor aún con vida, tirotearlos en plena cacería, algunos, los menos, son llevados a perreras, con lo que ello conlleva o son abandonados, el que tiene suerte es rescatado por una protectora y el que no, que son la gran mayoría, mueren en una cuneta agonizando de dolor, en manos de su verdugo o de inanición en compañía tan solo de la fría cadena que los tiene prisioneros.

Ser perro de caza significa que desde el minuto cero, cuando naces, tu madre, encadenada o encerrada en un minúsculo habitáculo -(he visto a una perra preñada tenerla semanas metida dentro de un remolque a oscuras entre sus propias heces)- da a luz sobre una losa fría, sobre tierra, con el único calor que el que te procura ella recién parida. Ser perro de caza es ser carne de cañón de ventas ilegales entre particulares por internet para crías indiscriminadas, para intercambio por maquinaria agrícolas o aperos de labranza, ser perro de caza conlleva el ser entrenado enganchado a vehículos a motor donde o corres o corres, como es el caso de Castilla La Mancha.

Ser perro de caza significa pertenecer a un mundo amparado institucionalmente donde la sombra de las irregularidades administrativas y delictivas están en un constante acecho. Me he encontrado a lo largo de los años implicados en la defensa de estos animales con infinidad de irregularidades y trato de favor hacia los integrantes del mundo de la caza.

La propia Administración no mira de la misma forma a una perro utilizado para la caza al que no lo está, -de hecho en la actual ley de protección animal de Andalucía las infracciones que se comentan sobre los perros de rehala es competente la Delegación de Agricultura y no la Delegación del Gobierno como ocurre con los demás-, ya da igual si se trata que conformen una rehala dada de alta y cumpliendo la mayoría de los requisitos que administrativamente han de cumplir o simplemente ser un mero asentamiento de podencos, galgos, bretones, PPP, bodegueros…lo más indignante es que no se persiguen las irregularidades que se comenten por parte de los que tienen a estos animales y que los utilizan de forma irregular. Está muy normalizado tener entre 4 y 10 animales, en pleno campo, sin chip sin control sanitario alguno, atados a olivos comienzo desechos de animales, para ser utilizados los fines de semana y luego vuelta al mismo lugar…lo saben los Ayuntamientos, lo conocen las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo conocen los vecinos y no pasa nada, NADIE HACE NADA!!!

Lo peor de todo es que en las zonas rurales principalmente están tan acostumbrados a tener esta dantesca imagen a su lado que ya lo ven con absoluta normalidad y sólo por el hecho de no tener problemas con el vecino cazador, que además tiene un arma a su alcance y por el miedo a que le hagan algo a él, a su familia o sus animales, guardan silencio.

Los perros de caza, los olvidados para las Administraciones

En definitiva ser un perro de caza es uno de los peores destinos que puedes tener siendo perro. Ha llegado a ser tan grave la situación de los perros de caza en España que el pasado 11 de Marzo, el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales remitió una carta abierta al gobierno de España mostrando su profunda preocupación por el trato que se le da en España a los perros de caza. En la misma hace mención expresa al artículo 13 del Tratado de Lisboa donde se exige que los Estados miembros de la UE adapten sus legislaciones nacionales de manera que cumplan con la consideración a los animales como seres sintientes y la misma sea tenida en cuenta en futuras iniciativas políticas. Reproduzco un extracto de la misma por su gran interés:

“El trato a los galgos y a otros perros de caza en España es un ejemplo particularmente grave. La responsabilidad de legislar y hacer cumplir la ley en cuanto a protección animal recae en las 17 comunidades autónomas, lo que da lugar a un conjunto diverso de normativas de difícil aplicación.

Nos preocupa especialmente, dice el Intergrupo del Parlamento Europeo, el lento avance en la introducción e implementación de leyes de bienestar animal en España con respecto a los galgos y otros perros de caza. Consideramos que el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en la protección que se otorga a los animales de compañía, frente a la que se da a galgos y otros perros de caza, considerados animales de trabajo. Distinción que sin lugar a equívocos está disminuyendo notablemente su nivel de protección, negándoles la condición de seres sintientes reconocidos en el Artículo 13 que, entre otras cosas, exige que se los mantenga en condiciones razonables de habitabilidad y libres de todo sufrimiento innecesario, incluido el abandono y maltrato por parte de sus dueños.

Por tanto, recomendamos que se considere urgentemente la necesidad de una ley unificada de protección animal que abarque todo el territorio español. Se necesitan medidas legales renovadas en las áreas de cría, identificación y registro de perros, junto con la ejecución efectiva de multas ejemplares y penas privativas de libertad en casos extremos de crueldad animal, así como la creación de controles policiales sistemáticos con la provisión de los recursos adecuados.

Además, la legislación española actual permite que el 85,6% del territorio nacional sea terreno de caza, privilegiando al 1,6% de la población que tiene licencia de caza. Durante el confinamiento debido al COVID-19, en 2020 los cazadores quedaron exentos de las restricciones que se aplican al resto de la población y actividades de ocio al aire libre. Su actividad, la caza, tuvo como consecuencia 52 accidentes mortales, mientras que cerca de 600 personas resultaron heridas.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al gobierno español y a sus organismos competentes, que reconozcan y respeten el derecho de los españoles no cazadores, el 98,4% de la población, de disfrutar de la naturaleza e interactuar con el medio ambiente de manera pacífica, sin las restricciones impuestas por la caza y la desproporcionada asignación en exclusiva de tierras para fines cinegéticos. Asimismo, hacemos un llamamiento al refuerzo, apoyo y al debido reconocimiento a la labor de las agencias de protección del bienestar animal y su personal, Agentes Forestales, quienes se han declarado desprotegidos frente a los cazadores en numerosas ocasiones. Su número insuficiente se traduce en que los cazadores pueden realizar sus actividades en gran medida exentos de cualquier requisito legal destinado a prevenir la crueldad animal.

Y finaliza la Carta sugiriendo una serie de MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANIMAL

1. Mayor control de las perreras públicas gestionadas por empresas privadas sin marco legal estatal que las regule.

2. Mayor apoyo, recursos y formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Autonomías y Ayuntamientos, en su lucha contra el abandono animal.

3. El tratamiento de la caza como una actividad exclusivamente “privada”, exenta de subsidios públicos directos o indirectos a nivel estatal, regional o local. Esto implica dejar de considerar a la caza como actividad de carácter «cultural» o «deportivo», lo que hace que sus federaciones y asociaciones no sean aptas para recibir subvenciones de las autoridades deportivas o culturales gubernamentales.

4. El grupo de perros de caza denominado «rehalas» debe dejar de ser considerado objeto «de interés cultural». Deben aplicarse las leyes actuales sobre cría contemplada en las directrices de cría responsable de la Plataforma de la Unión Europea para el Bienestar Animal, y no discriminar a los perros de caza en cuanto a su grado de protección.

5. Transparencia en todo lo relativo a las subvenciones públicas a organizaciones relacionadas con la actividad cinegética.

6. La implementación de un programa de educación en bienestar animal en las escuelas para promover la empatía hacia los animales en la infancia”.

La desdicha de los perros de caza no termina ahí, los pocos que logran salir de ese infierno y consiguen tener la posibilidad de adopción, les resulta, en especial a Podencos, muy complicado encontrar a una familia y todo ello por el estigma que sufren por la falsa creencia de que son perros de caza y no de casa, ser perros muy nerviosos o hiperactivos. Todos los perros utilizados para esta cruel práctica, tanto genética como morfológicamente son exactamente iguales a cualquier otro y deben, necesariamente gozar, de la misma protección penal y administrativamente hablando como seres sintientes que son.

Confío en poderlo ver algún día.

Fdo. Dulcenombre Aguilera Aguilera
PRESIDENTA DAMAC Juristas
Fundadora del Despacho Jurídico “Por la Defensa de los Sin Voz”
Asesora Jurídica FAPAC Córdoba

La Fundación Miranda lamenta la pérdida irreparable de la pony RIBA a manos de un cazador en el Parque del Garraf

El pasado sábado 20 de febrero, un cazador que participaba en una batida autorizada de jabalíes mató por error una ejemplar de poni pottoka de la Fundación Miranda en el Parque del Garraf. El hombre, que confundió la pony con un jabalí, causó la muerte del animal en medio de un grupo de personas que disfrutaba de la naturaleza y de la experiencia de encontrarse con caballos en libertad.

La Fundación Miranda ha emitido un comunicado donde describe que «los testigos de los hechos pasaron de la alegría de encontrarse con los caballos en este espacio natural protegido, a la angustia de ver un cazador disparar un tiro a una de las ponis, verla sangrar, desplomarse y morir ante sus ojos».

Según indica la Fundación, «el cazador atribuye el hecho a un error por su parte, pero el caso es que el disparo se produjo a diez metros de la carretera, con personas cerca, y en un lugar con buena visibilidad, de manera que cuesta entender que se pueda confundir un équido con un jabalí».

La Fundación Miranda considera que «poder disfrutar con seguridad de la naturaleza es un derecho y un bien imprescindible, hoy más que nunca, con la situación de confinamiento que vivimos hace meses. No deberíamos sufrir ningún riesgo de bala mientras paseamos con la familia, y tampoco que se puedan generar episodios de tanta violencia por el objetivo de mantener en equilibrio la población de jabalíes. Se trata de poder pasear sin peligro, de poder efectuar proyectos de respeto por la vida, con plenitud y sin amenazas, sin que los caballos o las personas sean elementos vulnerables».

Desde Miranda proponen soluciones para evitar estos trágicos episodios como «acotar las zonas de caza, o buscar nuevas maneras de regular la sobrepoblación de algunas especies que desgraciadamente sólo tienen al hombre como depredador, o estar tranquilas que la Administración se asegura de no dar armas a personas no cualificadas «.

Una pérdida totalmente irreparable y evitable

La Riba, nombre de la pony asesinada, formaba parte de un tesoro, un pequeño grupo de ponis de raza Pottoka, un grupo de los pocos que quedan de las Pottoka más primitivas, que aparte de valor genético, aporta el Parque del Garraf y al municipio de Olivella una tarea ejemplar e impagable de prevención de incendios, aunque pastando y gestionando el sotobosque.

Estos animales hacen el trabajo de una brigada de hombres con desbrozadoras mecánicas, pero sin ruido, sin contaminación, sin coste para la administración o los propietarios privados, aportando vida allá donde pisan, mientras se nutren. Son por tanto un poderoso agente de biodiversidad, ecológico y sostenible, y su aportación en el Parque del Garraf es impagable.

La falta de recursos económicos ha limitado este proyecto en cuanto a las oportunidades de crecimiento, aunque se ha logrado efectuar algunos estudios e investigación sobre el impacto de las Pottoka a la vegetación en el Garraf con la UAB, donde se ha visto que allí donde pastan ha reducido el cárcar en un 75%. El cárcar es la especie vegetal que ha colonizado toda la etapa mediterránea en el Garraf, y aumenta considerablemente el riesgo de incendio.

Sólo los equipos devoran y tienen a raya esta gramínea (ni ovejas, ni cabras…) y además, se adaptan muy bien al pasto pobre en proteína del Garraf. Las Pottoka incluso arrancan algunas raíces y dejan desmenuzadas en superficie las hojas que no se han comido. Un auténtico mecanismo de desherbado y «mulching» natural (cubierta vegetal anti erosión y pro vida microbiana del suelo) que es digno de un postgraduado en agricultura ecológica.

El Parque del Garraf invitó la Fundación Miranda a llevar este grupito de ponis Pottoka al pasto de Can Grau hace unos cuatro años. Los animales provienen de un costoso rescate que efectuó la Fundación en el Zoo clausurado de Almuñecar, en Granada. Seis hembras y un macho, una familia preciosa que se ha adaptado muy bien a la vida en libertad, constituyendo un recurso educativo y de conciencia ambiental para escuelas, visitantes, familias… que han ido pasando por el Parque y por la Fundación.

Hoy, la Fundación Miranda, todos los Pottoka, burros, caballos, voluntarias, madrinas, socias, Equipo de Dirección, Patronato, seguidoras del Proyecto y otras ONG están de luto por la pérdida de la pequeña Riba, la más pequeña de su familia . Una pérdida tan impagable como la aportación que ellas hacen cada día en el espacio que las acoge y las personas.

Denuncian la Generalitat por presunto incumplimiento de la normativa que protege a los perros de los cazadores

Las entidades FAADA, Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Fundación Fauna, ADDA, DEPANA, AVDA y Lex Ànima, denuncian a la Dirección General de Medio Natural y Biovidersitat de la Generalitat de Catalunya.

Después de que el 30 de abril de 2020 se aprobara el incremento de los importes de las sanciones reguladas en la Ley de Caza en el ámbito territorial de Cataluña a través de la publicación de la Ley 50/2020, de 29 de abril , de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, el colectivo de cazadores, a través de sus asociaciones y federaciones, denunció públicamente que esta modificación se había aprobado sin consultarlos. Como respuesta a este hecho, inmediatamente anunciaron una huelga indefinida.

La reacción, tanto del Departamento de Territorio y Sostenibilidad como el de Agricultura y Ganadería fue mantener diversas reuniones con el colectivo para «aclarar el régimen de infracciones existentes y modular, en caso necesario, aquellas que hayan podido quedar desproporcionadas» tal como se reconocía en la carta enviada por el Muy Honorable Presidente Quim Torra i Pla al Presidente de la Federación de Caza.

Paradójicamente y de forma inaudita, las peticiones de reunión que desde las entidades en defensa de los animales y la naturaleza se realizaron en la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, no sólo no fueron atendidas sino que, sin ninguna justificación, desde la Generalitat de Cataluña, se extendían nuevos privilegios al sector de la caza, en este caso a través de unas instrucciones firmadas por el Director General del Cuerpo de Agentes Rurales y por el Director General de Políticas Ambientales del Medio Natural, en los que se reinterpreta la normativa de caza de manera contraria a la Ley para dar más privilegios al colectivo. Tanto es así que, estos dos documentos, que suponen una reinterpretación de la normativa que no garantiza el bienestar de los animales y que contradice la legalidad vigente, se hicieron llegar al cuerpo de agentes rurales encargados de hacerla cumplir a través de la levantamiento de actas por infracción.

Así pues, los documentos hacen una interpretación de la normativa vigente que, lejos de prevenir el abandono y la tenencia irresponsable de animales utilizados para la caza, beneficia el colectivo en este sentido:

  • Se permite mantener hasta 20 perros de más de 8 meses y un número indeterminado de cachorros sin necesidad de estar inscritos en el registro de núcleos zoológicos. Esta interpretación contraviene el fin de asegurar la protección y el mantenimiento en condiciones adecuadas de los animales acogidos en centros como perreras deportivas, centros de cría, residencias o refugios tal como indica la propia Orden del 28 de noviembre de 1988 del Departamento de Agricultura , Ganadería y Pesca, para la creación del registro de núcleos zoológicos. Como resultado los perros se encontrarán en lugares que no tendrán la obligación de contar con las condiciones mínimas (sanitarias, ambientales, etc.) exigidas a los núcleos zoológicos en Cataluña y tampoco se podrá ejecutar el control sobre el estado de bienestar en el que se encuentran los animales en estos lugares.
  • Permiso para utilizar perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en las batidas, cuando la ley que regula su tenencia no permite que en espacios públicos circulen sin bozal o con correa de más de 2 metros.
  • Se hace una interpretación de lo que se considera maltrato animal y de lo que no, adaptada a los perros utilizados para la caza.
  • Se permite la amputación de orejas y colas «por motivos científicos o de manejo» justificándolo con informes veterinarios que apoyen esta práctica que ha sido prohibida por el Convenio Europeo sobre la protección de los animales de compañía firmado por España 2015.

Las organizaciones consideran que realizar una interpretación jurídica contraria a la Ley y remitirla a aquellos que lo han de hacer cumplir, podría ser susceptible de delito ya que con su actuación, está generando un grave perjuicio en el bienestar animal y en la persecución de ilícitos administrativos o incluso penales.

Por este motivo, las entidades se han unido para denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona estos hechos que consideran muy graves. Al mismo tiempo reclaman que la Generalitat desestime estos privilegios que ofrece unilateralmente a un sector que de forma reiterada manifiesta una falta de sensibilidad en el uso de perros, una gran amenaza para la fauna y la gestión sostenible del medio natural así como la peligrosidad que también representa para las personas. Recuerdan que el pasado 2020 ha habido 605 víctimas de las que 51 han muerto en España como consecuencia de la actividad cinegética.

Las organizaciones en defensa de los animales y la naturaleza de Cataluña afirman con contundencia que las actuaciones del Departamento de la Generalitat no son ecuánimes, pues favorecen, una vez más, el sector de la caza, perpetuando una trayectoria repetitiva que vuelve a quedar al descubierto de una manera rotunda. Este actitud de favoritismo, contradice el sentido popular de la inmensa mayoría de la población y el sentido de justicia e independencia. La bajada importantísima que han tenido las licencias de caza en Cataluña en los últimos tiempos es la más clara evidencia. Piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue y actúe con diligencia para evitar que desde la Generalitat se contradiga la normativa vigente que protege los animales.

La caza del lobo ibérico será prohibida en toda España

La Comisión para el Patrimonio Natural del Ministerio ha aprobado la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial. La prohibición de la caza de uno de los principales depredadores de la Península Ibérica supone una victoria histórica para todos los amantes de los animales.

La caza del lobo ibérico será prohibida en toda España. La Comisión estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha aprobado la inclusión del lobo en el listado de especies de protección animal tras una votación extremadamente ajustada: nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones. Este acuerdo conlleva un gran éxito para todos los amantes de los animales: la prohibición de la caza de este majestuoso depredador en toda la Península Ibérica.

Animalados ha hablado con Luis Miguel Domínguez, Presidente de la Asociación Lobo Marley, quien se ha mostrado muy orgulloso de esta gran victoria “La naturaleza ha hecho historia. Se ha hecho justicia con el lobo ibérico y con el país, porque ahora sí que se puede decir que España es moderna a través de la conservación de la naturaleza. En el momento en que el gobierno ha decidido coger el asunto y llevarlo hacia una nueva legislación se ha podido hacer justicia. El lobo por fin será respetado de forma legislativa por el gobierno de España”.

La propuesta, que había sido presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha contado con los votos a favor de Catalunya, Baleares, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Melilla y del Gobierno. Votaron en contra Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, Madrid, la Región de Murcia y el País Vasco. Navarra, Ceuta y la Comunidad Valenciana fueron las tres comunidades autónomas que se abstuvieron.

Sobre el ajustado resultado de las votaciones, Luis Miguel Domínguez ha señalado que “La ecuación azul y rojo que se utiliza en materia política para identificar a dos bandos también se ha mostrado en esta votación, donde ha parecido una cuestión de izquierdas y derechas. Afortunadamente, el gobierno ha sido responsable y ha decidido proteger y defender nuestro patrimonio natural. Bruselas está detrás de todo esto, ya que ha llamado la atención a España por el tema del lobo, extinguido en sitios como Andalucía, un hecho que supone una desgracia causada por la falta de profesionalidad”.

Es importante recordar que la caza del lobo ibérico ya estaba prohibida en las comunidades autónomas del sur del río Duero, donde el animal está catalogado como especie de interés comunitario. Gracias a la votación de la comisión de Patrimonio Natural del Ministerio, el lobo ibérico pasará a estar protegido en toda España, una realidad que ya existe en otros países como Portugal.

Las regiones del norte del río Duero ya han mostrado su disconformidad ante este acuerdo. Estos territorios, en los que habitan más del 90% de las poblaciones de lobo ibérico de España, consideran que la presencia descontrolada de estos depredadores supone una gran amenaza para la ganadería. Los grupos ecologistas, por su parte, apuestan por “fomentar la coexistencia entre el lobo y la ganadería” evitando los ataques al ganado con métodos que no supongan la muerte ni el daño del lobo ibérico.

El Presidente de la Asociación Lobo Marley, en referencia a las quejas de las regiones del norte del Duero sobre la amenaza que supone el lobo para el ganado, ha recordado que “El año pasado, Castilla y León, que dice tener muchos ataques de lobo ibérico, dirigió 45.000 euros a pagos por daños de lobo. Esta cantidad de dinero es la que se gasta la Junta en los canapés cuando por ejemplo se inaugura un museo. La ganadería afectada por el lobo no llega ni al 1%, esa es la realidad. Con esos datos no hay que matar ni un solo lobo, lo único que hay que hacer es dejarlos tranquilos”.

Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por esta decisión a través de sus redes sociales y ha instado “a las comunidades autónomas del norte del Duero a que desde hoy mismo dejen de matar lobos, que se persiga su caza ilegal y que colaboren con ganaderas y ganaderos en fomentar la coexistencia entre el lobo y la ganadería”.

Luis Miguel Domínguez, lejos de conformarse, ha apuntado que “Hay que seguir luchando por conseguir la protección estricta del lobo. Tras esta gran victoria, el siguiente paso es conseguir que el lobo prospere en la Península Ibérica, porque la península lo necesita. No hay actualmente un depredador en la península como el lobo ibérico. El lobo ibérico tiene que moverse por España con total tranquilidad, como lo hace en Portugal, para que pueda volver a colonizar territorios como Andalucía”.

Denuncian ante la Fiscalía la decisión de la Generalitat valenciana de autorizar la caza de fringílidos

Tres asociaciones de abogados especializados en defensa animal y medio ambiente han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, la decisión de la Generalitat valenciana de autorizar la caza prohibida de fringílidos.

El pasado 28 de diciembre, la Plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo alertó de la intención de la Generalitat Valenciana de autorizar capturas de fringílidas (aves de canto protegidas) destinadas a la cría en cautividad, en época inapropiada y con nula transparencia. Una decisión del consistorio que ha provocado una reacción inmediata por parte de muchos sectores de defensa animal.

Tres asociaciones de abogados especialistas en defensa del medioambiente y los animales (AADA, AGMADA y AVADA) han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado que el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat valenciana sigue concediendo autorizaciones para la captura de aves silvestres protegidas como verdecillos, pardillos, jilgueros, pinzones y verderones, todas ellas especies apreciadas por su canto.

La protección de estas especies de aves viene recogida expresamente en la Directiva 2009/147/CE de protección del medio ambiente y sólo se autorizarán excepciones a esta protección si fuera necesario para evitar efectos negativos de la endogamia en las poblaciones que ya existen en cautividad. Esta excepción tiene que ir acompañada de rigurosos informes científicos que lo avalen y de un censo previo actualizado del número de aves que viven en la actualidad en cautividad.

La falta de transparencia respecto a estos informes y sanciones ya impuestas por la Comisión Europea a España anteriormente por utilizar las excepciones fuera de lo establecido (para mantenerlas en cautividad y ser utilizadas en concursos de canto), es lo que ha motiva esta denuncia presentada por las asociaciones de abogados, para que se requiera a la administración valenciana que presente los registros de tenencia de aves silvestres en cautividad, así como los informes científicos que pudieran justificar esta nueva excepción.

Es importante recordar que este tipo de aves, muy vinculadas al medio agrícola, ya están sufriendo una importante regresión en sus poblaciones europeas por el efecto del abuso de pesticidas y biocidas que la agricultura intensiva utiliza y que la Comisión Europea ya tiene abierto un procedimiento de infracción a la Comunidad Valenciana por utilizar excepciones sin justificar que cumple con los requisitos exigibles.

ABOGACÍA ANDALUZA POR LA DEFENSA ANIMAL (AADA)
ABOGADOS GRANADINOS POR EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES (AGMADA)
ABOGADOS VALENCIANOS EN DEFENSA ANIMAL (AVADA)