Los perros destinados a la caza son los grandes olvidados para las Administraciones Públicas, sobre ellos se cierne el más cruento maltrato institucional que nos podamos imaginar a todos los niveles.
Existe una permisividad absoluta por parte del sistema hacia las más horribles salvajadas sobre estos animales, por no hablar del paso por alto de multiplicidad de infracciones administrativas, que van desde falta de las mínimas condiciones higiénico sanitarias de bienestar animal, inexistencia de chip en animales, inexistencia de seguros de responsabilidad civil ante animales denominados potencialmente peligrosos, que son utilizados como “perros de agarre”, venta indiscriminada y sin ningún tipo de control, y en el caso de que los animales estén chipados…chip identificativos a nombre de terceras personas e incluso de menores de edad…y para ello tiene que haber profesionales que permitan todo ello…
Ser perro de caza significa para unos estar 24 horas encadenado a un olivo a la intemperie haga frío o calor, llueva o truene, de día o de noche, para otros vivir en zulos insalubres sin ver la luz del día, alimentándolos días alternos para aumentar su agresividad ante una pieza de caza, ya si hablamos del alimento que reciben…en la gran mayoría de los casos son carne cruda proveniente de carnicerías sin ningún tipo de control ni autorización para alimentarlo a base de productos SANDACH (Subproductos de Origen Animal no destinados a Consumo Humano), donde, el que tiene suerte recibe al día un triste caparazón emborrizado de tierra.
Ser perro de caza significa ser un mero instrumento que cuando no sirven para ese fin, utilizan las formas más horrendas para deshacerse de él, desde tirarlos a un pozo, dejarlos morir de inanición, ahorcarlos, matarlos a golpes y tirarlos a un contenedor aún con vida, tirotearlos en plena cacería, algunos, los menos, son llevados a perreras, con lo que ello conlleva o son abandonados, el que tiene suerte es rescatado por una protectora y el que no, que son la gran mayoría, mueren en una cuneta agonizando de dolor, en manos de su verdugo o de inanición en compañía tan solo de la fría cadena que los tiene prisioneros.
Ser perro de caza significa que desde el minuto cero, cuando naces, tu madre, encadenada o encerrada en un minúsculo habitáculo -(he visto a una perra preñada tenerla semanas metida dentro de un remolque a oscuras entre sus propias heces)- da a luz sobre una losa fría, sobre tierra, con el único calor que el que te procura ella recién parida. Ser perro de caza es ser carne de cañón de ventas ilegales entre particulares por internet para crías indiscriminadas, para intercambio por maquinaria agrícolas o aperos de labranza, ser perro de caza conlleva el ser entrenado enganchado a vehículos a motor donde o corres o corres, como es el caso de Castilla La Mancha.
Ser perro de caza significa pertenecer a un mundo amparado institucionalmente donde la sombra de las irregularidades administrativas y delictivas están en un constante acecho. Me he encontrado a lo largo de los años implicados en la defensa de estos animales con infinidad de irregularidades y trato de favor hacia los integrantes del mundo de la caza.
La propia Administración no mira de la misma forma a una perro utilizado para la caza al que no lo está, -de hecho en la actual ley de protección animal de Andalucía las infracciones que se comentan sobre los perros de rehala es competente la Delegación de Agricultura y no la Delegación del Gobierno como ocurre con los demás-, ya da igual si se trata que conformen una rehala dada de alta y cumpliendo la mayoría de los requisitos que administrativamente han de cumplir o simplemente ser un mero asentamiento de podencos, galgos, bretones, PPP, bodegueros…lo más indignante es que no se persiguen las irregularidades que se comenten por parte de los que tienen a estos animales y que los utilizan de forma irregular. Está muy normalizado tener entre 4 y 10 animales, en pleno campo, sin chip sin control sanitario alguno, atados a olivos comienzo desechos de animales, para ser utilizados los fines de semana y luego vuelta al mismo lugar…lo saben los Ayuntamientos, lo conocen las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo conocen los vecinos y no pasa nada, NADIE HACE NADA!!!
Lo peor de todo es que en las zonas rurales principalmente están tan acostumbrados a tener esta dantesca imagen a su lado que ya lo ven con absoluta normalidad y sólo por el hecho de no tener problemas con el vecino cazador, que además tiene un arma a su alcance y por el miedo a que le hagan algo a él, a su familia o sus animales, guardan silencio.
Los perros de caza, los olvidados para las Administraciones
En definitiva ser un perro de caza es uno de los peores destinos que puedes tener siendo perro. Ha llegado a ser tan grave la situación de los perros de caza en España que el pasado 11 de Marzo, el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales remitió una carta abierta al gobierno de España mostrando su profunda preocupación por el trato que se le da en España a los perros de caza. En la misma hace mención expresa al artículo 13 del Tratado de Lisboa donde se exige que los Estados miembros de la UE adapten sus legislaciones nacionales de manera que cumplan con la consideración a los animales como seres sintientes y la misma sea tenida en cuenta en futuras iniciativas políticas. Reproduzco un extracto de la misma por su gran interés:
“El trato a los galgos y a otros perros de caza en España es un ejemplo particularmente grave. La responsabilidad de legislar y hacer cumplir la ley en cuanto a protección animal recae en las 17 comunidades autónomas, lo que da lugar a un conjunto diverso de normativas de difícil aplicación.
Nos preocupa especialmente, dice el Intergrupo del Parlamento Europeo, el lento avance en la introducción e implementación de leyes de bienestar animal en España con respecto a los galgos y otros perros de caza. Consideramos que el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en la protección que se otorga a los animales de compañía, frente a la que se da a galgos y otros perros de caza, considerados animales de trabajo. Distinción que sin lugar a equívocos está disminuyendo notablemente su nivel de protección, negándoles la condición de seres sintientes reconocidos en el Artículo 13 que, entre otras cosas, exige que se los mantenga en condiciones razonables de habitabilidad y libres de todo sufrimiento innecesario, incluido el abandono y maltrato por parte de sus dueños.
Por tanto, recomendamos que se considere urgentemente la necesidad de una ley unificada de protección animal que abarque todo el territorio español. Se necesitan medidas legales renovadas en las áreas de cría, identificación y registro de perros, junto con la ejecución efectiva de multas ejemplares y penas privativas de libertad en casos extremos de crueldad animal, así como la creación de controles policiales sistemáticos con la provisión de los recursos adecuados.
Además, la legislación española actual permite que el 85,6% del territorio nacional sea terreno de caza, privilegiando al 1,6% de la población que tiene licencia de caza. Durante el confinamiento debido al COVID-19, en 2020 los cazadores quedaron exentos de las restricciones que se aplican al resto de la población y actividades de ocio al aire libre. Su actividad, la caza, tuvo como consecuencia 52 accidentes mortales, mientras que cerca de 600 personas resultaron heridas.
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al gobierno español y a sus organismos competentes, que reconozcan y respeten el derecho de los españoles no cazadores, el 98,4% de la población, de disfrutar de la naturaleza e interactuar con el medio ambiente de manera pacífica, sin las restricciones impuestas por la caza y la desproporcionada asignación en exclusiva de tierras para fines cinegéticos. Asimismo, hacemos un llamamiento al refuerzo, apoyo y al debido reconocimiento a la labor de las agencias de protección del bienestar animal y su personal, Agentes Forestales, quienes se han declarado desprotegidos frente a los cazadores en numerosas ocasiones. Su número insuficiente se traduce en que los cazadores pueden realizar sus actividades en gran medida exentos de cualquier requisito legal destinado a prevenir la crueldad animal.
Y finaliza la Carta sugiriendo una serie de MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANIMAL
1. Mayor control de las perreras públicas gestionadas por empresas privadas sin marco legal estatal que las regule.
2. Mayor apoyo, recursos y formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Autonomías y Ayuntamientos, en su lucha contra el abandono animal.
3. El tratamiento de la caza como una actividad exclusivamente “privada”, exenta de subsidios públicos directos o indirectos a nivel estatal, regional o local. Esto implica dejar de considerar a la caza como actividad de carácter «cultural» o «deportivo», lo que hace que sus federaciones y asociaciones no sean aptas para recibir subvenciones de las autoridades deportivas o culturales gubernamentales.
4. El grupo de perros de caza denominado «rehalas» debe dejar de ser considerado objeto «de interés cultural». Deben aplicarse las leyes actuales sobre cría contemplada en las directrices de cría responsable de la Plataforma de la Unión Europea para el Bienestar Animal, y no discriminar a los perros de caza en cuanto a su grado de protección.
5. Transparencia en todo lo relativo a las subvenciones públicas a organizaciones relacionadas con la actividad cinegética.
6. La implementación de un programa de educación en bienestar animal en las escuelas para promover la empatía hacia los animales en la infancia”.
La desdicha de los perros de caza no termina ahí, los pocos que logran salir de ese infierno y consiguen tener la posibilidad de adopción, les resulta, en especial a Podencos, muy complicado encontrar a una familia y todo ello por el estigma que sufren por la falsa creencia de que son perros de caza y no de casa, ser perros muy nerviosos o hiperactivos. Todos los perros utilizados para esta cruel práctica, tanto genética como morfológicamente son exactamente iguales a cualquier otro y deben, necesariamente gozar, de la misma protección penal y administrativamente hablando como seres sintientes que son.
Confío en poderlo ver algún día.
Fdo. Dulcenombre Aguilera Aguilera
PRESIDENTA DAMAC Juristas
Fundadora del Despacho Jurídico “Por la Defensa de los Sin Voz”
Asesora Jurídica FAPAC Córdoba
