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El centro de animales Última Llar, denunciado por maltrato animal

El fiscal ha presentado una denuncia en el juzgado de Reus acusando a la empresa Última Llar de irregularidades con el registro de entradas y salidas de los animales del centro. Además, los animalistas de Tarragona hace tiempo que acusan al centro de sacrificar a perros y gatos de manera injustificada.

Desde hace ya varios años son muchas las personas que han denunciado las irregularidades existentes en el trabajo de Última Llar, una empresa dedicada a diferentes servicios de los animales de compañía ubicada en la población de Riudoms, en Tarragona.

En el año 2012 un grupo de voluntarias del centro ya denunciaron las malas formas de trabajo por parte de Última Llar. Entre las denunciantes se encontraba Anna Carbonell, directora de la ONG animalista Nova Eucària y una de las caras visibles de la parte delatora. La solución inmediata por parte de la empresa ante estas acusaciones fue la de acabar con la plantilla de voluntariado y continuar su labor únicamente con los trabajadores propios.

Sin embargo, tras muchos años de lucha, las denuncias de Anna Carbonell y del resto de voluntarias han logrado su meta y un juzgado de Reus ha abierto diligencias previas a raíz de las continuas denuncias presentadas contra Última Llar.

En la acusación, la directora de Nova Eucària asegura que el registro de entradas, salidas y defunciones que tiene la empresa de animales no corresponde con la realidad. “No existe un registro oficial de entradas y salidas, no hay fichas de los animales ni documentos que recojan los datos de manera actualizada”, explica Anna Carbonell.

Después de trabajar en las instalaciones como voluntaria, Carbonell no duda en definir el centro: “Como un espacio de exterminio de perros y gatos perdidos y abandonados en Tarragona”. También describen que los animales se encuentran en una situación de salud muy precaria: “Cuando visitabas el centro podías ver a muchos animales en un estado de salud lamentable que no recibían ningún tipo de atención sanitaria, curiosamente esos animales después desaparecían sin que existiera un registro oficial de su defunción”.

Los denunciantes también aseguran que: “existen grandes discrepancias entre el número de ejemplares vivos por los que cobra la entidad y los que realmente hay”, además: “Según las entradas, tendría que haber unos 1.800 animales y suele haber unos 250”.

Además de las irregularidades ya mencionadas, los antiguos voluntarios también acusan a Última Llar de no cumplir con una periodicidad adecuada de las visitas veterinarias, así como de sacrificar una gran cantidad de animales de manera innecesaria. “Muchos de los perros vistos en las instalaciones de Riudoms desaparecían al día siguiente como por arte de magia”, confiesa la parte acusadora.

Mònica Pàmies, forma parte de la comisión animalista de la CUP en Reus y también ha visitado el centro en diversas ocasiones. Como Carbonell, denuncia que las malas prácticas del centro no son ninguna novedad: “Desde hace muchos años somos conscientes de la situación existente en Última Llar. El problema principal es la falta de transparencia por parte del ayuntamiento, del regidor de ecología y de la propia empresa. La opacidad en el trabajo de este lugar es muy significativa y delatadora”.

Desde Última Llar se niegan los hechos de los que se le acusan, de hecho, presentaron una querella contra Anna Carbonell por injurias. Por otro lado, desde Animalados nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Reus. Desde el consistorio han reconocido que han recibido quejas sobre la gestión de esta empresa, pero han preferido no hacer declaraciones.

El siguiente paso es que la jueza de instrucción archive o pase el caso a juicio. Con la intervención actual de la fiscalía y con las pruebas presentadas por parte de la parte denunciante, todo apunta a que el juicio finalmente se celebrará.

La triste realidad es que la situación actual que se vive en el centro de animales de Última Llar es uno de los tantos casos que se denuncian constantemente en Cataluña por parte de diferentes voluntarios. Se conocen otros centros de acogida de animales para dar en adopción donde los perros y gatos también se encuentran en una situación muy precaria, incluso sin ver la luz del sol y encerrados en jaulas. Sin duda se trata de uno de los temas más obsoletos dentro de la agenda política, una situación que requiere una regulación y una solución inmediata.

Publicación Tarragona Digital 2015

Carlos Moreno, abogado animalista: “Los juristas que hemos tomado conciencia de qué si no paramos la fuente principal del maltrato, éste se perpetuará”

Carlos Moreno es abogado y activista animalista. Comparte con un gran número de Manchegos y de ciudadanos nacionales la preocupación por las noticias que llegan sobre la ley de Protección Animal de su Comunidad. De su mano, esclarecemos algunas dudas y las substituimos por conocimiento especializado

¿Son las propuestas de ley manchega que regulan la caza y el bienestar animal las más «reaccionarias” de Europa?

Hablando en términos estrictamente jurídicos, considero que las normas tienen que adecuarse al contexto social en el que se van a aplicar y, en Castilla- La Mancha, concretamente, se dan una serie de prácticas que, pese a no gustarme y estar ideológicamente en contra de las mismas, históricamente se han venido produciendo. Ello supone que existe todo un sector de la economía manchega que depende directa o indirectamente de ellas. Por ello, no diría que son la más «reaccionarias» de Europa ya que se trata de una realidad que no se da en el resto de Europa. 

¿Consideran los cazadores la totalidad de la Comunidad cómo un coto propio?

Desconozco qué considera la gente aficionada a la caza, pero lo que sí es seguro es que a la hora de presionar e influir en la futura Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha se organizan mejor que las entidades que velan por los Derechos de los animales. Como ha quedado claro, son más influyentes.

Por favor explícanos un poco su evolución desde el origen de ambas leyes

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, su artículo 32.7 le habilita para, en el marco de la legislación básica del Estado, desarrollar la correspondiente legislación y su consecuente ejecución en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas, así como normas adicionales de protección. Ello se complementa con el apartado 3 del citado artículo, relativo a la sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud.

            La regulación inicial de la Región de Castilla- La Mancha, de protección de animales domésticos, es la Ley 7/1990 de protección de los animales domésticos, tuvo que ser hace casi tres décadas un paso importante en la materia, pero, como ha quedado acreditado en todo el tiempo transcurrido desde su aprobación, es necesaria una adecuación de esa norma al tiempo en que vivimos.

            Las leyes de los noventa que surgieron en esta materia, fundamentaban su existencia como una respuesta al sentir de una sociedad cada vez más concienciada con la protección de los animales, en este caso domésticos.

“El anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha excluía a los perros de caza. Los encargados de tratar las enmiendas fueron los mismos que redactaron el proyecto”

 

            No es hasta el año 2009, cuando el artículo 13 del TFUE, o tratado de Lisboa, impone a los Estados Miembros la obligación de tratar a los animales como seres que sienten (seres sintientes), dentro de los diferentes desarrollos legislativos internos de cada uno. Es decir, los animales no son meras cosas, cuyo bienestar se persigue únicamente por el sentir de la sociedad. Se plantea un precedente jurídico válido que invocar y, en virtud del cual, legislar.

A ello debemos añadir la ratificación por el Reino de España del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, que se hizo en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, en el que obliga a los Estados firmantes a acordar, entre otras medidas, sin perjuicio de las correspondientes reservas que cada uno pudiera llevar a cabo, la prohibición del corte de colas y orejas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nace el Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales de Castilla-La Mancha, del que estamos hablando, el cual, pese a incluir y tener en cuenta las novedades comentadas, comete, entre otras equivocaciones, la de excluir a los animales que participen en actividades cinegéticas del ámbito de aplicación de la norma, mientras se encuentren participando en ellas.

 ¿Quién se supone que las redacta?

La nueva norma la redactan técnicos veterinarios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, habiendo sido ellos mismos quienes resolvieron las alegaciones efectuadas al primer borrador.

¿Hay alguna base científica que excluya a los perros de caza de la especie canina y por tanto de la protección de su bienestar?

No. La única fundamentación es dar respuesta a las alegaciones y exigencias del colectivo cazador. Según pudimos comprobar el día 22 de mayo en Toledo, en el Seminario en torno al Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, la única fundamentación descansa en que los cazadores no se enfrenten a posibles sanciones por las lesiones que pudieran sufrir sus animales en la práctica de la caza, máxime, teniendo en cuenta que, según el nuevo texto, se establece la obligación de titulares o poseedores de los animales a cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar.

¿Tenemos cifras sobre los costes generados por el abandono y cría descontrolada de perros usados en la caza? ¿Y de los accidentes?

Los únicos registros oficiales que conozco son los destinados por las Administraciones Públicas a la recogida, atención y depende el lugar, sacrificio, de los animales abandonados. Cada ciudadano puede saber cuánto se destina en su municipio a esta labor consultando los presupuestos

Por desgracia, no existe una diferenciación dentro de esos presupuestos de lo que supone, específicamente, la atención de los perros de caza desechados, extraviados o maltratados.

 Por otro lado, uno de los estudios más fiables es el de la fundación Affinity, el cual refleja que, en 2017, fueron abandonados en España 104.447 perros, de los que 18.258,11 (un 13%) provenían de la caza. Debemos tener en cuenta que son datos aproximados que no reflejan la totalidad de los casos.

Desgraciadamente, es prácticamente imposible determinar el coste que supone a protectoras y asociaciones la atención que prestan a los animales que sufren las consecuencias de la caza.

En cuanto a los accidentes, según Ánima Naturalis: “En la última década han fallecido practicando la caza cerca de trescientos cazadores. Según un artículo publicado en Federcaza y los cálculos publicados en el portal agentesforestales.net, la media anual de muertes es de entre 44 y 54,5 (extrapolando los datos obtenidos desde las estadísticas de Mutuasport), y el número de personas heridas al año como resultado de esta afición es -según estas mismas fuentes- de entre 2.585 y 5.282. Así pues la caza pone en peligro no sólo a los propios cazadores sino también a otros usuarios de nuestros campos y montes”

¿El volumen de negocio vinculado a la caza justifica lo que parecen ciertos privilegios?

La respuesta es SÍ. Ha quedado acreditado que la actuación de Administración de Castilla- La Mancha, dista de ser objetiva e imparcial, en lo que tiene que ver con el bienestar animal. Recientemente, el 21 de septiembre de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región, con sede en Toledo, ha dictado una Sentencia en la que dice textualmente: “La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”.

Fuente:  Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 02003330022017100687

Estos privilegios, en este caso, se materializan, entre otras, en la aceptación de alegaciones como la relativa a la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de los animales que participen en actividades cinegéticas, durante la duración de las mismas.

La caza es una actividad en retroceso que ya no se justifica como modo de supervivencia sino como deporte. Los propios cazadores hablan que los furtivos son los culpables de muchas de las críticas que recibe esta actividad. ¿Pueden los furtivos tener rehalas o jaurías, es decir, grupos de más de 20 perros chipados, vacunados, desparasitados, en instalaciones adecuadas con núcleo zoológico y con atención veterinaria adecuada?

Cualquier persona, se dedique profesionalmente o no a la actividad de la caza, podría tener, siempre que se cumplieran con los requisitos administrativos correspondientes un número de animales como el mencionado. Cosa distinta es el uso que se le diera a esos animales.

Según la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, las rehalas deben estar registradas. Asimismo, para el empleo de rehalas, es necesario estar en posesión de licencia especial expedida por los Servicios Periféricos u oficinas comarcales de dichos Servicios Periféricos.

Desde mi punto de vista, deberían ser ellos, los que de forma activa denuncien a aquellas personas que practiquen la caza de un modo furtivo, cuando tuvieran conocimiento, ya que son quienes mejor conocen o deberían conocer la normativa al respecto y los daños que causan a la imagen de esa actividad.

¿Por qué hay tanta diferencia entre las cifras manejadas por las asociaciones y las oficiales?

Mi opinión es que la diferencia entre unas cifras y otras tiene su origen en que en muchas ocasiones las protectoras no denuncian la totalidad o al menos una parte importante de los animales que encuentran.

Sin esas denuncias, la administración no tiene constancia de esos casos y, por tanto, no aparecen en las estadísticas.

¿Qué pasa con la identificación obligatoria? ¿Y con la esterilización? ¿Las cifras de abandono y maltrato son un lujo que pueden permitirse los manchegos?

La obligación de identificar ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Cosa distinta es que la administración cuente con los medios o la voluntad suficientes para llevar a cabo las inspecciones necesarias que aseguren el cumplimiento de esa obligación y la imposición de las correspondientes sanciones.

Por el contrario, la esterilización no se encuentra entre las obligaciones de los propietarios o poseedores de los animales. De aprobarse la norma tal cual se encuentra redactado el segundo borrador, se estaría perdiendo una muy buena oportunidad para endurecer los requisitos para ser criador. Debemos tener en cuenta que hay criadores profesionales pero también hay particulares que llevan a cabo esta práctica sin control y dando como resultado, en ocasiones, al abandono de animales.

La administración no puede asumir el coste de tratar éticamente a todos los animales que son atendidos por las asociaciones de nuestra Región. Gracias a ellas, su generosidad y dedicación, y por supuesto, al dinero que altruistamente reciben, se pueden atender, no sin dificultad, a ese gran número de animales.

 

¿En qué pueden basarse para no implantar el CES como modo de gestión de población cuando es el método validado por todos los expertos mundiales?

Es curioso. Los cazadores dicen amar a los animales y yo no lo pongo en duda. Sin embargo, respecto al control de colonias felinas, en sus alegaciones al primer borrador, únicamente se opusieron a esa práctica por considerarla muy cara, sin dar ninguna alternativa.

Por el contrario, la argumentación que se dio por parte de los redactores de la Ley, es que con el texto actual caben más métodos aparte del CES. En definitiva, abren la posibilidad de aplicar otros métodos éticos y efectivos.

Debo decir, que, a día de hoy, no conozco ningún otro método efectivo para el control de la población de las colonias felinas en las ciudades.

¿Quiénes están presentando batalla para racionalizar estas las leyes?

Entre otros muchos, todas aquellas asociaciones y entidades compuestas por gente cansada de tener que vivir con la impotencia de no poder hacer más por animales que se encuentran sufriendo como consecuencia de una normativa poco concreta y desactualizada.

Por otro lado, cada vez más veterinarios que comienzan a entender que su ciencia, más allá de buscar el tratamiento de los animales como un beneficio para la salud de las personas, supone el tratamiento de aquellos como un fin, evitándoles sufrimientos y buscando su bienestar.

Además, los juristas que hemos tomado conciencia de qué si no paramos la fuente principal del maltrato, éste se perpetuará.

Es duro decirlo, pero no se consigue un cambio significativo sacando animales de las calles, si ello no va acompañado de actuaciones tendentes a poner fin a la razón por la que ese animal estaba en situación de abandono.

¿Cómo puede La ciudadanía local y comprometida mantenerse informada y colaborar?

Cada vez son más los medios de comunicación que dedican parte de su contenido a la concienciación y denuncia en relación a los animales.

Una buena manera de colaborar es acudir a la asociación que consideren y ayudar, como mejor consideren y sobre todo, trabajar por poner fin a la fuente del maltrato en este país, entre otras cosas, mediante la creación de nueva normativa más adecuada, convenios con ayuntamientos, denunciar, etc.

¿Consolidar los borradores presentados significa perpetuar la dependencia de las asociaciones rescatistas locales y extranjeras e incluso el tráfico de Galgos, podencos y bretones a otros países?

Sin ninguna duda. Creo que nadie mejor que las asociaciones rescatistas son las que mejor se pueden encargar de cuidar a los animales, pero necesitan el apoyo decidido de las administraciones, sobre todo locales, puesto que son las que tienen atribuidas gran parte de las competencias en la materia.

Sin embargo, con una cría incontrolada, que genera tal volumen de abandonos y necesidades de atención, es imposible que lleguen a dar un servicio completo, lo que genera que a esos animales tengan que buscárseles hogares en lugares con una cultura de adopción superior a la que tenemos en España.

¿Por qué decidiste dedicarte al derecho animal? ¿Está aumentando la conciencia global y la confianza en la judicatura?

Siempre digo esto, pero la verdad es que el derecho animal me buscó a mí y no al contrario. Mi primera clienta fue la Asociación en Defensa de los Animales Dejando Huella Albacete. Ésta apostó por mí y mi formación, la cual llevé a cabo con mi estimada compañera Raquel López Teruel, pionera en la materia.

Y como ocurre muchas veces, una vez que comienzas, no puedes parar. Dicen que el derecho animal es la única rama del derecho en la que sabes que tus clientes son inocentes. Por eso sigo dedicándome a esto.

Respecto a la conciencia global, es indudable. Las redes sociales y la cantidad de información que circula hacen que el maltrato sea mucho más visible y que, por tanto, aumente la repulsa y concienciación de una sociedad que se revela contra éste.

En cuanto a la confianza en la judicatura, he podido constatar que lo que ha existido hasta ahora ha sido falta de concienciación y sensibilización. También falta de conocimientos sobre cómo utilizar las herramientas existentes en beneficio de los animales.

La creación de esta conciencia y nuevo modo de actuar, ha sido gracias a pioneras del Derecho como mi compañera Raquel.  

¿Para acabar danos tres claves que mejorarían el futuro de los animales Castellano-manchegos?

            1º Restricción y mayor control de la cría, privada y profesional.

            2º Fomento de la esterilización.

            3º Creación de protocolos en materia de abandono y maltrato animal en el que se impliquen tanto administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad como las Fiscalías.  

 

Carlos Moreno-Manzanaro García-Calvillo

Los sacrificios sin aturdimiento deberán realizarse en mataderos autorizados a partir de ahora

El tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que deben respetarse los derechos de los animales

Sacrificar a un animal sin aturdimiento seguirá siendo legalmente posible, según ha fallado el tribunal de Jusiticia de la Unión Europea (TJUE), aunque de forma mucho más estricta y limitada. En concreto la fiesta del Sacrificio, una actividad religiosa llevada a cabo por la comunidad musulmana en la que se degüella a un cordero mirando hacia la Meca, deberá hacerse en mataderos especializados que garanticen que el animal no sufra. Pero la medida afecta a cualquier sacrificio de animales y aunque haya motivos de libertad religiosa de por medio, se deberá garantizar que el animal no sufra y que se encuentre en las mejores condiciones posibles. 

No obstante, el tribunal ha declarado que degollar animales sin anestesia queda justificado por la libertad religiosa. Pero a partir de ahora, tanto la comunidad musulmana como la judía, que también realiza sacrificios, tendrán que asegurarse que se cumplen los estándares necesarios de protección animal. Para la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), aunque esto mejora la situación existente, aseguran que «ningún animal debería sufrir por motivos culturales o religiosos». 

La polémica que llevó al proceso judicial se inició en la región flamenca de Bélgica. El gobierno flamenco entendió que, de los dos tipos de mataderos donde se realizaban los sacrificios, es decir, los autorizados y los temporales, solo los primeros cumplían la legislación de protección animal. Por lo tanto, no concedieron más autorizaciones para mataderos temporales.

Después de que varias organizaciones musulmanas reclamaran la decisión ante los tribunales belgas, estos decidieron enviar un recurso prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo veredicto es definitivo. Y es en este contexto que la alta esfera judicial de la unión ha sentenciado que no se podrán realizar más sacrificios en mataderos temporales y que, por lo tanto, deberán estar autorizados y gozar de las máximas garantías para los animales.

1 cigüeña muerta y 4 más sufren por culpa del sistema anti-nidos en Lleida

Esta semana nos deja con una noticia nefasta para los defensores de los animales. El jueves, una cigüeña apareció muerta en Lleida después de que los responsables de la iglesia de Santa María de Gardeny, Lleida, ordenaran instalar un sistema anti-nidos. El cura Gerard,  de la parroquia de Gardeny, no ha retirado la trampa mortal, a pesar de los incidentes y la reclamación formal de ONG’s y ciudadanos. Hoy, 4 cigüeñas más han quedado atrapadas en la Catedral Nueva de Lleida.

La cigüeña blanca es una especie protegida en Cataluña desde el año 2008. Desde la ONG SEO Birdlife, especializados en la defensa de aves, ya han presentado una denuncia formal y piden que se retiren estas trampas. En un comunicado, la organización sin ánimo de lucro lamenta «que se vulnere la legislación vigente» que prevé penas de entre 3.000 euros y 2 millones. Además, critican que el obispado no haya buscado medidas alternativas.

El obispado justifica su decisión con el argumento que defienden un bien cultural y patrimonial. Sin embargo, desde la ONG SEO Birdlife han ofrecido alternativas a este sistema, con el conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Pero finalmente, la institución religiosa ha optado por mantener estas trampas, que han acabado ya con la vida de una cigüeña y el sufrimiento de 4 más.

Desde la asociación IPCENA, en defensa del medio ambiente en Lleida, también se muestran muy críticos con el obispado de Lleida. En un comunicado hablan ‘de asesinato’. Además, desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad se han iniciado diligencias por la desaparición de numerosos nidos de esta especie en territorio leridano.

El sistema anti-nidos instalado por varias iglesias en Lleida se conoce como paraguas invertido. A partir de unas varillas metálicas, impiden las cigüeñas establecer su nido. Pero muchas quedan atrapadas. Hoy, los bomberos han tenido que intervenir para salvar tres cigüeñas en la Catedral de Lleida, según Catinfo Lleida. Una situación insostenible y en la que diferentes entidades han pedido soluciones inmediatas.

La ONU critica a España que los menores presencien corridas de toros

Organizaciones animalistas celebran lo que consideran un paso adelante para erradicar las corridas de toros

Tras escuchar los argumentos de varios representantes españoles, la ONU lo tiene claro. España debería modificar su legislación para evitar que menores de edad puedan ver corridas de toros. La ONU, que no entra en el trasfondo de si hay maltrato animal, sí considera que puede causar un impacto emocional negativo a los menores de edad.

El encargado de hacer esta recomendación ha sido el comité de los derechos del Niño. La ONU se toma muy en serio cualquier vulneración emocional a personas que no han llegado a la edad adulta. La recomendación de la ONU quiere evitar que menores asistan como espectadores a las corridas de toros, pero también que hagan de toreros, una práctica poco regulada y que se lleva a cabo en algunos lugares de la península.

El miembro del comité sobre derechos del Niño en la ONU, Gehad Madi, consideró en rueda de prensa que «el problema no es la tauromaquia en sí misma». Para Madi, el verdadero inconveniente es la exposición en edades no adultas a la matanza de animales. También lamenta que algunos jóvenes participen como toreros a edades tempranas.

Las organizaciones animalistas celebran el pronunciamiento de la ONU

Desde PACMA ven «muy positiva» la recomendación hecha a España por parte del comité sobre derechos del Niño. En declaraciones a EFE, su portavoz, Laura Duarte, recalcó que «es lo que llevan años pidiendo». En palabras suyas, el problema está en que los menores presencian «valores relacionados con la violencia» y que están asociados a la tauromaquia.

La resolución de la ONU en ningún caso es vinculante y no obliga al Gobierno central a modificar la ley. Sin embargo, la recomendación de Naciones Unidas es un duro golpe para los defensores de la tauromaquia en España. El gobierno Balear ya prohibió las corridas de toros, decisión que quedó suspendida por el Tribunal Constitucional.

 Pero la suspensión no afectó la decisión de que los menores no puedan asistir a este tipo de eventos. Cataluña también apuntó a la prohibición completa, lo que también quedó suspendido, pero que en la práctica se ha aplicado. Los legisladores, especialmente a nivel autonómico, están estrechando el círculo sobre una práctica que consideran injusta y que fomenta el maltrato animal.

La reacción del gobierno a las recomendaciones de la ONU es todavía una incógnita. La posición del Partido Popular ha sido siempre negativa a la prohibición y regulación de la tauromaquia. Un hecho que podría cambiar si finalmente la presión de activistas, ciudadanía y organismos internacionales continúa apuntando hacia una mayor regulación. En 2017 ya se avanzó bastante en materia animalista